SAN JUAN - No concluida la investigación sobre anomalías en las becas presidenciales, un nuevo escándalo aflora en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Se trata de graves irregularidades en el manejo y administración de las Residencias de la Facultad.
Según una investigación realizada por el Departamento de Noticias de Radio Universidad, al menos 16 propiedades de las Residencias de la Facultad del Recinto riopedrense son ocupadas de forma ilegal debido a múltiples irregularidades.
El presidente del Consejo General de Estudiantes (CGE) del recinto, Guillermo Guasp Pérez, denunció que existen “casos de profesores que llevan más del tiempo límite que establece la normativa, tienes personas que hicieron títulos de propiedad sobre esa propiedad y esas residencias que son en realidad propiedad de la UPR y que han fallecido y han pasado esos títulos de propiedad a los residentes o familiares inmediatos… y personas que están en los cuerpos de gobernanza que viven allí cuando incumplen con esta normativa”.
El líder estudiantil añadió, que durante un proceso de divorcio se incluyó una de las propiedades en la repartición de bienes inmuebles y quien permaneció viviendo en la residencia no fue el docente.
Puerto Rico
Las declaraciones de Guasp, en su mayoría, fueron secundadas por la Profesora Luz Myriam Tirado, Catedrática de la Facultad de Estudios Generales, y representante del Senado Académico ante el Comité Especial de Residencias de Facultad desde el año 2001 al 2009.
“Residían personas, y esto sí sé que todavía pasa, residen personas que no son docentes. Hay una persona que de hecho es empleada de facilidades que estuvo casada con un profesor, se divorciaron hace décadas y ella permaneció viviendo en la residencia. Había personas que enviudaban o se divorciaban y permanecían residiendo (en el complejo de viviendas), había personas que no tenían ninguna relación con el recinto, y… había gente residiendo que tienen propiedades en Puerto Rico”, destacó la profesora.
Tirado señaló que las irregularidades antes mencionadas fueron reveladas en una investigación que iniciaron cuando comenzó a formar parte del Comité, ya que no encontraron ninguna reglamentación escrita sobre la administración de las residencias. Como resultado de ese estudio se creó la Certificación Número 100 del año 2004 de la Junta de Síndicos, para la administración, operación, y mantenimiento de las Residencias de Facultad de los Recintos de Mayagüez, Río Piedras y Cayey.
La Certificación 100 establece que se otorgará contrato de arrendamiento a profesores visitantes, de nuevo reclutamiento, o en servicio activo con causa justificada. No obstante, Guasp Pérez explicó que luego de que docentes han fallecido, permanecen segundas generaciones habitando en las propiedades de la Institución.
“Hay casos de hijos y hasta nietos. Aquí lo que vemos en las Residencias de la Facultad es un espacio donde la ley y la normativa nunca han estado presente. Sí se han dado unos pasos para ponerlo en vigor (el reglamento), pero no se ha hecho de la manera correcta”, señaló.
La Certificación establece, además, un periodo de dos años para el arrendamiento de las viviendas, renovable por un periodo adicional de dos años. Aun así, Tirado afirmó que al día de hoy hay múltiples casos de docentes que tiene un contrato vencido y se resisten a abandonar las propiedades.
Tanto la catedrática como el líder estudiantil lamentaron que durante décadas hayan prevalecido estas irregularidades en el complejo de residencias de Facultad de la institución universitaria y reclamaron acción urgente por parte de la Administración.
