Desobediencia civil frente al Tribunal Federal

Jóvenes protestan en contra de la Junta de Control Fiscal.

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    Pablo Gaztambide
    Portavoz aseguró que permanecerían en el lugar mientras las autoridades no los saquen de allí y reconoció que podrían ser arrestados.

    Varios jóvenes se organizaron en un acto de desobediencia civil desde horas de la madrugada del lunes frente al Tribunal Federal en Hato Rey para expresar su rechazo a la imposición de una Junta de Control Fiscal Federal.

    En una entrevista radial (NotiUno), el portavoz, Ángel Pérez Soler indicó que cerraron el acceso al Tribunal Federal en la Avenida Chardón. “Aquí está llegando la Policía. Vamos a ver como se da el proceso. Lo que sí es que nosotros vamos a estar aquí resistiendo y esta será el primero de muchos actos de desobediencia civil que estaremos realizando en contra de la Junta de Control Fiscal”, dijo.

    Aseguró que permanecerían en el lugar mientras las autoridades no los saquen de allí y reconoció que podrían ser arrestados.

    “La Junta de Control Fiscal Federal, lejos de resolver la crisis fiscal y económica del país, es un mecanismo diseñado para facilitar el pago regular de la deuda a los bonistas. Los que crean que esa Junta moverá la economía, realizará cambios fundamentales en la administración pública, disminuirá la corrupción, detendrá la emigración y ‘pondrá en cintura’ a nuestros políticos, están totalmente equivocados”, dijo en un comunicado enviado previamente.

    Alegó que el impacto fundamental de la Junta será en la otorgación de los servicios sociales esenciales que “serán reducidos sustancialmente para que haya dinero disponible para los bonistas”. “Así, los sectores más vulnerables, como lo son los niños, los ancianos, las madres solteras, los jóvenes y los estudiantes, serán golpeados nuevamente”, dijo.

    Mientras tanto, alegó que en momentos en que la juventud se gradúa y no encuentra alternativas de empleo, la Junta plantea, del saque, disminuir el salario mínimo de los trabajadores menores de 25 años de $7.25 a $4.25 centavos por hora.

    “Así también, se ha planteado extender los periodos probatorios a un año, más cierres de escuelas y recortes y desvíos de recaudos ya destinados a la universidad del estado. Si esto no fuera poco, en estos días se ha agudizado el problema de los servicios de transportación escolar, el cual impacta grandemente a niños y jóvenes que asisten a las escuelas públicas del país”, agregó Pérez Soler.

    “Si bien es cierto que la Junta no es otra cosa que mostrar la colonia al desnudo, los jóvenes no podemos aceptar un mecanismo que lejos de atender y resolver la crisis nos regresa a la Ley Foraker del 1900. Nuestra lucha debe ser a partir del momento existente y no de más de un siglo atrás”, concluyó.

     

     

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