Educación tendría que devolver millones de fondos federales

Revelan serias irregularidades en informe de la Contraloría.

Una auditoría de la Contraloría de Puerto Rico reveló que el Departamento de Educación incumplió con las normas y los procedimientos establecidos para el manejo de la propiedad en el cierre, consolidación y la reorganización de escuelas.

Según el informe, al 31 de mayo de 2015, el Departamento había cerrado 72 escuelas de la comunidad y nunca pudieron suministrar a los auditores la Certificación de Disposición de Equipo.

Además, contrario a reglamentación federal (Uniform Administrative Requirements, Cost Principles, and Audit Requirementes for Federal Awards, Final Rule - 2013), el Departamento no pudo suministrar el detalle de todos los adiestramientos –talleres residenciales- ofrecidos ni un desglose de los gastos incurridos por cada taller en contrataciones, costos de hotel, comidas o alquiler de equipo. Esta situación podría ocasionar que el Gobierno Federal requiera la devolución de los fondos asignados que para los años fiscales de 2013 y 2014 ascendió a $13.6 millones.

El Informe revela también que se adquirió equipo y materiales de tecnología, servidores, laptops, notebooks, ipads, tablets y otros por $222,319 sin utilidad. Las razones ofrecidas es que el personal no estaba adiestrado, no contaban con fondos para asistencia técnica, o que no contaban con tiempo suficiente para utilizarlo.

En una muestra de las órdenes de compra, los auditores identificaron que en el 83% no se encontró el estudio de necesidades, en un 63% no contaban con la aprobación de dos funcionarios y en el 50% la adquisición de equipos tecnológicos no estaban aprobadas por la Oficina de Sistemas de Información y Apoyo Tecnológico a la Docencia (OSIATD). De hecho, se adquirieron 31 computadoras de escritorio mediante solicitud de cotizaciones y se halló que, contrario al Reglamento 7040 sobre la adquisición de bienes, el proveedor seleccionado había enviado dos cotizaciones con importes diferentes.

El Informe de siete hallazgos, señala múltiples situaciones con los pagos de órdenes de compra tales como: pagos sin previa intervención, sin identificar con el número de comprobante o sin firmar.

Para el periodo auditado, el Departamento registró 17,979 órdenes de compra por $201.4 millones.

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