Un grupo de agentes, adscrito a la Oficina de Investigaciones de Seguridad Interna del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (HSI-ICE, por sus siglas en inglés) diligenció durante la mañana del viernes, una orden de allanamiento en la compañía Ecolift Corporation, localizada en el aeropuerto Fernando Ribas Dominicci, en sector capitalino de Isla Grande.
La orden sellada que ejecutaron junto a agentes del FBI permitió que interrogaran a empleados de la Ecolift, y que revisaran por horas las instalaciones y el equipo de la empresa en en busca de documentos físicos y electrónicos.
La autoridades han informado que la empresa fue contratada en el 2013 por la Administración de Servicios Generales (ASG) para la compra de cuatro helicópteros para la Policía de Puerto Rico, específicamente para la flota aérea de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA), y para darles mantenimiento.
En su propia página de Internet, la compañía indica que entre sus gestiones ha estado la “personalización de tres (helicópteros) Bell 429 de la flota aérea de la Policía de Puerto Rico por ECOLIFT Corporation”.
“La flota aérea de un país es una de las maneras más efectivas de proteger y brindar seguridad de su comunidad. Debido a que una flota de helicópteros se encarga del control del aéreo, misiones estratégicas de rastreo y brindan respaldo a la fuerza policiaca en tierra. Por ello, en el año 2014, el Gobierno de Puerto Rico decidió aporta por la innovación aeroespacial de ECOLIFT Corporation y equipar la flota aérea de la Policía Puerto Rico para todo tipo de misiones de vigilancia y rescate”, indica la empresa en su sitio de Internet.
En abril de 2014, el gobernador Alejandro García Padilla anunció la compra de los helicópteros, que, según él, se sumarían a otras tres naves que estaban bajo restauración y que debían estar operando para junio de 2014. Todo esto tuvo un costo de $34 millones de dólares que fueron asiganados a FURA.
Sin embargo, informes revelaron posteriormente problemas de retrasos en la entrega de las naves, lo que trajo como resultado que en agosto de ese año, el administrador de Servicios Generales, Luis Castro, rehusara pagarle a Ecolift, mientras no entregara los nuevos helicópteros que estaban pautados entregarse en julio.
Tanto el superintendete de la Policía, José Caldero, como el director de servicios generales rehusaron comentar sobre la pesquisa, que según fuentes de Telenoticias, también explora otros aspectos del negocio Ecolift.
Foto de uno de los helicópteros de la Policía de Puerto Rico que estuvieron en los talleres de Ecolift (Foto tomada de la página de Internet de Ecolift).
- Fotos: Acechado y asesinado en ejecución planificada. Presiona la imagen para ver la fotogalería completa.
