Otorgan $65 millones para Vivienda Pública

Modernizarán y constuirán unidades para hacerlas accesibles a personas con discapacidades.

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos anunció este viernes un acuerdo de $65 millones con la Administración de Vivienda Pública de Puerto Rico para supuestamente hacer frente a los problemas de accesibilidad que hace tiempo afectan a la vivienda para los residentes con discapacidades.

Con estos fondos, del Departamento deberá modernizar 2,560 unidades de vivienda y hacerlas accesibles antes del 31 de diciembre de 2021.

Adicionalmente, el acuerdo requiere que la autoridad de vivienda produzca 1,024 unidades accesibles con asistencia auditiva antes del 31 de diciembre de 2017.

“Estamos satisfechos que pudimos llegar a este acuerdo histórico con la Administración de Vivienda Puerto Rico para aumentar significativamente el número de unidades accesibles para personas con discapacidades.”, sostuvo Gustavo Velásquez, secretario adjunto de HUD de Vivienda Justa e Igualdad de Oportunidades, en un comunicado de prensa.

La Administración de Vivienda Pública de Puerto Rico es dueña, opera o controla 53,779 unidades de vivienda en 52 municipios de Puerto Rico.

A continuación, los términos del acuerdo:

- Modernizar hasta 1,489 unidades en proyectos de vivienda (residenciales) que hayan sido construidos, modernizados y/o rehabilitados después del 11 de julio de 1988;

- Producir hasta 1,209 unidades en 184 proyectos de vivienda que hayan sido construidos, modernizados y/o rehabilitados antes del 11 de julio de 1988, y/o;

- Producir hasta 1,108 unidades nuevas de reemplazo o modernizadas en 25 proyectos que están actualmente siendo modernizados o que serán modernizados en el futuro.

- Reservar $3.6 millones cada año durante cinco años para cubrir el costo de las actividades detalladas en este acuerdo.

La Administración de Vivienda también se encargará de asegurar que las oficinas administrativas y los programas existentes que no son relacionados con vivienda, sean accesibles a residentes con discapacidades; actualizará su evaluación de las necesidades especiales de las familias con discapacidades; documentará todas las solicitudes de acomodación razonable; y mantendrá un programa de educación sobre temas de vivienda equitativa para todos los empleados requeridos, incluidos contratistas y administradores de propiedades privadas.

El acuerdo otorga un periodo adicional de cinco años para que la administración de vivienda provea prueba del cumplimiento exitoso de cada una de las condiciones, y marca la primera vez en que un acuerdo para ayudar a que la Administración de Vivienda de Puerto Rico alcance sus metas de servir las necesidades de los residentes con discapacidades, venga acompañado con fondos monetarios.

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