WASHINGTON (CyberNews) - El gobierno del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama instó el martes, al Congreso de Estados Unidos a aprobar una legislación que de acceso al gobierno de Puerto Rico a la Ley de Quiebra para que pueda reestructurar sus deudas "insostenibles".
"Al conceder acceso a Puerto Rico a un régimen ordenado de bancarrota tan pronto como sea posible, el Congreso puede ayudar a poner a Puerto Rico -y los millones de ciudadanos estadounidenses que viven allí- en un mejor camino para una recuperación sostenida", dijo el secretario del Tesoro, Jack Lew, presidente del Comité de Finanzas del Senado estadounidense, el republicano Orrin Hatch.
Por su parte, el comisionado residente, Pedro Pierluisi reaccionó a la carta enviada por el secretario del Tesoro.
"Le doy la bienvenida a la defensa del secretario del Tesoro, Jack Lew, de nuestro proyecto HR 870 y su contraparte en el Senado, S. 1774, en su carta al presidente de la Comisión de Finanzas del Senado federal, Orrin Hatch”, dijo Pierluisi en declaraciones escritas.
“El secretario Lew tiene toda la razón cuando señala que permitir que las corporaciones públicas de Puerto Rico tengan acceso a la protección del Capítulo 9, ‘no implica ayuda financiera federal y de ninguna manera constituye un rescate federal’. El secretario también está en lo correcto cuando señala que al permitir que las corporaciones públicas del territorio hagan uso del régimen federal de bancarrota, ‘el Congreso puede ayudar a poner Puerto Rico –y a los millones de ciudadanos americanos que allí viven- en el mejor camino para una recuperación sostenida’”, sostuvo el comisionado residente.
Del mismo modo, Pierluisi indicó que continuará haciendo “todo lo que esté a mi alcance, trabajando con mis aliados en ambos partidos, para mover hacia adelante y de manera rápida esta legislación en el Congreso”.
El senador Richard Blumenthal de Connecticut y el senador Charles Schumer de Nueva York, junto a otros 10 senadores de la cámara alta federal, radicaron un proyecto de ley idéntico al H.R. 870, la Ley de Uniformidad del Capítulo 9 para Puerto Rico, informó a mediados del mes de julio de 2015, Pedro Pierluisi.
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“Quiero agradecer a los Senadores que presentaron y coauspiciaron el proyecto de ley paralelo al H.R. 870, y reitero mi disponibilidad a trabajar junto a ellos para lograr aún más apoyo para esta legislación tanto de republicanos como demócratas. Debido a que Puerto Rico es un territorio, y no un estado, los 3.5 millones de ciudadanos americanos que residen en la isla no pueden elegir senadores que protejan y promuevan sus intereses. En vez, tenemos que depender de la buena fe de senadores que no fueron electos por el pueblo de Puerto Rico ni le responden directamente. Hoy, varios senadores dieron un paso al frente. Lo hicieron porque este proyecto es claramente el curso de acción correcto e inteligente, tanto para la economía de Puerto Rico como para la economía estadounidense en general,” afirmó Pierluisi en un comunicado de prensa.
Detalló que el senador Harry Reid de Nevada, la senadora Kirsten Gillibrand de Nueva York, el senador Bill Nelson de Florida, los senadores Robert Menéndez y Cory Booker de New Jersey, la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts, el senador Martin Heinrich de New Mexico, el senador Christopher Murphy de Connecticut, el senador Bernie Sanders de Vermont y el Senador Mazie Hirono de Hawái son los otros coauspiciadores originales. Se espera que el número de senadores que apoya la legislación propuesta ahora también en el Senado federal aumente en los próximos días.
Mencionó que el proyecto de ley radicado en el Senado federal, busca trato como estado para Puerto Rico bajo el Capítulo 9 del Código de Quiebras federal, ni más y ni menos. Por medio del Capítulo 9, el Congreso le provee a cada gobierno estatal el poder de autorizar a una entidad del estado a poder ajustar sus deudas bajo la supervisión de un juez federal de quiebra a base de ley y procedimiento federal. Un gobierno estatal puede autorizar—o no autorizar—a sus entidades insolventes a reorganizarse bajo la protección del Capítulo 9. El poder de esa decisión le compete al gobierno estatal. Puerto Rico es tratado como estado en todos los capítulos del Código de Quiebras menos el Capítulo 9. Múltiples jueces y expertos están de acuerdo en que, entre 1938 y 1984, el Congreso sí le permitía ese poder a Puerto Rico para poder autorizar a sus entidades a ajustar sus deudas. Sin embargo, en 1984, el Congreso aprobó legislación que expresamente excluyó a Puerto Rico del Capítulo 9. Según afirmó recientemente un juez federal de apelaciones, la historia legislativa no revela porqué Puerto Rico fue excluido.
La exclusión de Puerto Rico del Capítulo 9 llevó al gobierno del territorio a aprobar una ley local, en julio del 2014, llamada “Ley para el Cumplimiento de las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas”, o “ley de quiebra criolla” como se le conoce localmente. La misma busca autorizar a ciertas corporaciones públicas a ajustar sus deudas. Múltiples fondos de inversión, que son dueños de bonos de la AEE, demandaron al gobierno de Puerto Rico argumentando que la ley local, que se diferencia del Capítulo 9 en múltiples aspectos, viola la Constitución de Estados Unidos. El 6 de febrero de este año, un juez federal del distrito de Puerto Rico declaró que la ley local es un campo ocupado por ley federal y, por lo tanto, es inválida bajo la Cláusula de la Supremacía de la Constitución de Estados Unidos. El pasado 6 de julio de 2015, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito validó la decisión del tribunal de distrito. El Tribunal de Apelaciones concluyó que “el Congreso se reservó el poder de autorizar a las entidades de Puerto Rico para buscar alivio del Capítulo 9”. Según la decisión, la única opción para Puerto Rico es “buscar un remedio en el Congreso”.
