SAN JUAN, Puerto Rico (CyberNews) - Aun cuando el referéndum de enmiendas constitucionales de agosto próximo persigue la limitación del derecho absoluto a la fianza, para el gobernador Luis Fortuño, contradictoriamente, la enmienda constitucional no persigue limitar derechos. “Esta medida, lo único que va a hacer es equiparar a los jueces en los tribunales de Puerto Rico a las mismas reglas que tienen los jueces federales única y exclusivamente en casos de asesinato… ciertos de casos de asesinato”, aseguró Fortuño el martes luego de firmar la ley habilitadora de la consulta.
De acuerdo con el mandatario, la enmienda constitucional permitiría a los jueces de los tribunales puertorriqueños el que, si una persona acusada de asesinato “es considerada suficientemente peligrosa o violenta”, pudieran negarle la fianza.
Fortuño recalcó como las justificaciones para la enmienda el evitar la reincidencia criminal, y la protección a testigos y familiares de víctimas.
“La medida persigue proteger a los familiares y testigos de un asesinato, ya que el asesino quedará encerrado para evitar que aceche o le haga daño a éstos”, indicó Fortuño.
Pero los opositores al proyecto apuntan precisamente a esa posibilidad como la “la revocación del derecho a la presunción de inocencia” en la medida en que la sola acusación por el cargo de asesinato expone al acusado a perder su derecho a la fianza. No obstante, Fortuño aseguró que sólo en los casos de asesinato en medio de un robo domiciliario, agresión sexual o secuestro, al disparar un arma de fuego en un lugar público o desde un vehículo de motor, o en los casos en que las víctimas sean agentes del orden público.
Fortuño presentó además el caso del Policía Israel García, quien fuera herido, junta a su compañero, por una persona que al momento se encontraba bajo fianza en un caso de asesinato.
“Tanto el agente García como su compañero no hubieran recibido la herida de bala si este individuo no hubiera estado libre bajo fianza”, dijo Fortuño.
El gobernador señaló que en los pasados tres años “más de 800 imputados que quedaron en libertad bajo fianza cometieron un nuevo delito o incumplieron con alguna de las condiciones impuestas”. Sin embargo, no detalló cuales fueron esos nuevos delitos cometidos –específicamente si fueron asesinatos o no – o cuales condiciones fueron violentadas.
Usualmente, las condiciones que impone un tribunal a los acusados bajo fianza van desde regresar al hogar a una hora específica y no consumir alcohol o substancias controladas hasta advertir que la comisión de un delito grave o menos grave pudiera invalidar el beneficio de la fianza.
En 1994, el entonces Gobernador Pedro Rosselló promovió un referéndum de enmienda constitucional para limitar el derecho a la fianza a las personas acusadas de delito. Dicha consulta iba acompañada de una segunda enmienda a la Constitución para aumentar el número de jueces en el Tribunal Supremo. En ambos casos, el 54 por ciento del electorado rechazó las enmiendas propuestas.
No obstante, para Fortuño la propuesta enmienda de entonces es distinta a la suya.
“Son dos propuestas totalmente distintas. Tratar de comparar una con la otra es totalmente equivocado… Yo no tengo la menor duda de que de que el pueblo puertorriqueño va a avalar las dos [enmiendas]”, señaló Fortuño refiriéndose además a la enmienda propuesta para reducir en un 30 por ciento la legislatura.
