El gobierno de Puerto Rico paga al menos $2 millones de dólares al año a causa del vandalismo en las líneas y tuberías de hierro de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Las estaciones de bomba que están en lugares apartados son las más vulnerables, especialmente las de la zona este del País. Al momento se han registrado 70 actos de vandalismo.