La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela aprobó este lunes el abandono de cargo del Presidente Nicolás Maduro, para tratar de impulsar unas elecciones presidenciales y el cambio del Gobierno.
La mayoría opositora que controla el parlamento se apoyó en el artículo 233 de la Constitución, que establece que serán “faltas absolutas” del Presidente su muerte, su renuncia, incapacidad física o mental y el “abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional”.
Sin embargo el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela aseguró que la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría opositora, no tiene facultad para destituir al jefe de Estado, Nicolás Maduro.
Mediante un comunicado, el TSJ invocó una sentencia publicada el pasado 15 de noviembre en la que ordenó a los diputados "abstenerse de continuar el procedimiento de declaratoria de 'responsabilidad política' contra el Presidente de la República".
En dicha sentencia y "con el firme propósito de mantener la paz, el orden constitucional y la estabilidad democrática de la nación", el Supremo exigió también al Legislativo no dictar "cualquier tipo de acto que se encuentre al margen de sus atribuciones constitucionales" como "instigaciones" contra autoridades y poderes públicos.
En la nota oficial el TSJ llama a emplear el diálogo "para dirimir las diferencias políticas y, en especial, para cumplir los deberes y fines constitucionales, en función de garantizar la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, y de procurar la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo".
El presidente del Parlamento, el opositor Julio Borges, reaccionó al comunicado del Supremo y pidió no prestar atención a las decisiones emanadas por el poder judicial.
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"En Venezuela no hay justicia (...) no contemos con el TSJ, todos los derechos que les hemos dado a los venezolanos, todo lo ha destruido", sostuvo Borges en declaraciones al canal institucional Capitolio TV.
El Supremo declaró en septiembre la nulidad de todos los actos legislativos debido a que la Cámara no había ejecutado una sentencia anterior que ordenaba la suspensión cautelar de cuatro diputados por supuestas irregularidades en su elección.
