Estados Unidos debate sobre los graves problemas económicos y fiscales de Puerto Rico y tratará de avanzar en un acuerdo para imponer el sometimiento de la isla a una junta de control fiscal que supervise su gestión de los fondos públicos.
El Subcomité de Asuntos Insulares, Indígenas y de los Nativos de Alaska de la Cámara federal de Representantes tiene previsto abordar este asunto sobre el que el Gobierno de Puerto Rico lleva meses presionando, con el interés de que se le permita a cambio acogerse a la Ley de Quiebras.
Ello permitiría a las empresas públicas declararse en quiebra y así reestructurar su deuda sin el caos, coste, descrédito y desgaste que supondría hacer frente a la previsible avalancha de demandas que se le vendrán encima si sigue incurriendo en impagos de deuda.
El pasado junio, el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, reconoció que la deuda era "impagable" en los términos actuales, en agosto la isla incurrió en su primer impago y desde que comenzó 2016 ha empezado a desviar fondos originalmente reservados para pagar deudas de corporaciones públicas y pagar la deuda de la Administración central.
La vista versa sobre "la necesidad de establecer una autoridad para el crecimiento económico y la estabilidad financiera de Puerto Rico" y entre los llamados a presentar su testimonio se encuentra el exalcalde de Washington Anthony Williams, que gestionó la capital estadounidense cuando esta estuvo sometida al control de una junta similar.
La idea es que todos ellos debaten sobre posibles soluciones a largo y medio plazo para Puerto Rico, que encadena 10 años de recesión y está sumida en una falta de liquidez tal que teme no poder seguir prestando con regularidad los servicios públicos fundamentales y mantener el pago de las nóminas de los empleados públicos.
