FBI arresta a tres agentes de la División de Drogas

Fueron detenidos por violación de derechos civiles y obstrucción de justicia.

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI) arrestó el miércoles a tres agentes de la División de Drogas de Carolina por violar derechos civiles a un detenido.

Los agentes detenidos son José Cartagena, Carlos García Nieves y Jimmy Davis, quienes se alega utilizaron fuerza excesiva en una intervención con un menor de edad, y luego escondieron la evidencia.

Además se arrestó a Shylene López, con 17 años en la Policía, pero fue expulsada en el 2015 y en estos momentos cumple una condena en la cárcel federal por corrupción policial del grupo los "Suricatos".

En la acusación se alega que Cartagena, quien lleva 12 años en la Uniformada, agredió con su arma a la víctima en la cabeza, lo que le provocó una herida abierta.

Además se desprende de la acusación que García, también con 12 años en la Uniformada, le disparó al menor mientras intentaba huir, y que Davis, quien llevaba 10 años como policía, lo estranguló y abofeteó.

Por su parte, se alega que López también abofeteó al menor de edad arrestado.

Ante el panorama que afecta a la Uniformada, el superintendente auxiliar, Juan A. Rodríguez Dávila reaccionó a través de un comunicado de prensa.

“Estos agentes que laboraban en la División de Drogas y Narcóticos de Carolina mancharon su uniforme y la imagen del cuerpo policiaco violando derechos civiles. Nosotros nos mantenemos trabajando y colaborando con el FBI", informó.

Asimismo Rodríguez Dávila aseguró que "esta misma tarde, una vez rindan el informe de las acusaciones, estaré firmando los documentos que los suspende sumariamente de empleo. Aquel que  se  aparte  del  reglamento y de la ley será expulsado  de  la Uniformada. El superintendente, José L. Caldero López ha sido enfático que bajo su administración la corrupción no será tolerada. Si tengo que reconocer, que la  mayoría de los hombres y mujeres que componen este cuerpo son personas comprometidas y dedicadas al servicio público”.

De ser encontrados culpables, los agentes podrían enfrentar una sentencia máxima de 20 años en prisión por cada cargo de obstrucción de justicia, y un máximo de 10 años por cada violación de derechos civiles.

Los acusados también podrían enfrentar una fianza de $250,000 por cada cargo.

La investigación está a cargo de la División de San Juan del FBI.

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