El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció el miércoles, la presentación de un proyecto de ley para adoptar el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico.
“Este Gobierno está comprometido con prevenir la corrupción y procesará a todo aquel que traicione la confianza que el Pueblo deposita en aquellos que vienen llamados a servirle. En mi administración no hay espacio para tolerar la corrupción. Todo el peso de la ley debe caer sobre los que defraudan la confianza pública del Pueblo”, indicó el primer ejecutivo en declaraciones escritas.
Explicó que el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico tiene el propósito de recoger en un mismo ordenamiento la política pública del Gobierno en contra de la corrupción que en la actualidad se encuentra dispersa en múltiples leyes especiales.
Sostuvo que la medida ayudará a evitar lagunas y desfases entre las leyes y facilitará el acceso y entendimiento de las normas aplicables a cada cual.
También se fortalecerán las protecciones a las que tienen derecho los denunciantes (whistleblowers) de actos de corrupción gubernamental para que toda persona que tenga conocimiento de actos impropios tenga la confianza de que estará protegido al denunciar la misma, abundó.
Además, se amplían las herramientas que tiene el Gobierno para ir contra las personas que incurren en actos de corrupción.
El Código también facilita que el Estado sea resarcido por aquellos que con su conducta, además de fallar a la confianza depositada por el Pueblo, afectan el erario público.
Puerto Rico
A esos fines, se dispone que el Gobierno podrá reclamar civilmente y obtener compensación por el triple del daño causado al erario, siendo suficiente para probar la reclamación la sentencia de convicción por la conducta que causó la pérdida.
Finalmente, se excluyen de los beneficios de la Ley de Sentencia Suspendida (probatoria) los delitos constitutivos de corrupción, que incluyen: apropiación ilegal de fondos públicos, enriquecimiento ilícito, soborno, oferta de soborno, influencia indebida y malversación de fondos públicos.
Para asegurar que la cooperación interagencial —que por los pasados siete años ha liderado la directora de la Oficina de Ética Gubernamental— continúe y trascienda, se propone elevar a rango de ley la iniciativa del Grupo Interagencial Anticorrupción.
