El Gobierno de Puerto Rico insistió hoy a EE.UU. que le permita declararse en bancarrota antes de julio, cuando podría desatarse una "batalla campal" en los tribunales si los bonistas -a los que ofrece una quita del 53 %- no aceptan sentarse a negociar "de buena fe".
Un día después de incurrir en su primer impago masivo de deuda (al dejar de pagar 367 de los 422 millones de dólares que debía y aplazar el abono de otros 33 millones), el gobernador Alejandro García Padilla adelantó hoy que no habrá dinero para pagar los 2.000 millones que vencerán el 1 de julio.
Lo más grave es que 700 de esos millones son obligaciones generales, cuyo pago está garantizado por la Constitución local, lo que supondría el primer impago de deuda garantizada en la historia de la isla, algo que pocos jueces respaldarían.
"No se anticipa que tengamos el dinero", por lo que "invitamos" a los acreedores "a que negocien de buena fe", dijo García Padilla en una conferencia de prensa rodeado del núcleo duro de su gabinete, cada vez más aislado del resto de la clase política de la isla, donde está prevista la celebración de elecciones en noviembre.
Aunque el gobernador dijo tener esperanza en que el Congreso federal aprobará de una vez algún mecanismo que le permita declararse en quiebra bajo la ley federal y reestructurar ordenadamente la deuda, su equipo económico, encabezado por Melba Acosta, sigue sumido en intensas negociaciones voluntarias con los bonistas.
Su idea es seguir tratando de realizar los pagos menores que se vayan presentando en las próximas semanas, pero "no se descartan moratorias adicionales como la aplicada el domingo", explicó el gobernador, que llamó la atención sobre lo complicado de negociar acreedor por acreedor.
