Discuten primer informe sobre las acciones de GILA

Ante los reclamos de la ciudadanía en torno al manejo de las cuentas.

Ante los reclamos de la ciudadanía en torno al manejo de las cuentas y las multas impuestas en el sistema de AutoExpreso, la Cámara de Representantes dio por recibido el primer informe de la Resolución de la Cámara 1040, que investiga las transacciones de la empresa GILA.

La medida, de la autoría del portavoz de la mayoría Gabriel Rodríguez Aguiló y del representante José “Memo” González Mercado, busca evaluar los términos y condiciones de las transacciones de la Empresa y si en efecto, dichos acuerdos garantizan los intereses del Gobierno de Puerto Rico.

El primer informe parcial de la Comisión de Transportación e Infraestructura menciona que es “constatable que la propia GILA ha admitido fallas técnicas en el sistema de AutoExpreso, las cuales hoy en día continúan”.

Detalla, además, que no se ha logrado remediar la situación satisfactoriamente a pesar de que se le han otorgado múltiples oportunidades. Añade, que este Cuerpo Legislativo debe continuar investigando las acciones de GILA, pues la misma “manejó dinero público por más de tres años a pesar de que era evidente que los servicios que proveían carecían de calidad y confiabilidad”.

González Mercado, presidente de la Comisión, recomendó presentar nueva legislación que prohíba la creación de cuentas anónimas de AutoExpreso; realizar gestiones con entidades concernientes para garantizar que el sistema de multas sea modernizado, el mismo no se actualiza desde por lo menos el año 2015; e investigar la nueva modalidad de llamadas fraudulentas que se están realizando a clientes de AutoExpreso.

Seguido, se aprobó el Proyecto de la Cámara 1701, del representante Pedro “Pellé” Santiago.

Guzmán, que modifica el “Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de incluir como circunstancia agravante a la pena, cuando el delito es cometido dentro de un edificio o anexo perteneciente a una facilidad de salud, sea pública o privada.

De igual forma, se revalidó el Proyecto de la Cámara 86, de José Aponte Hernández, que enmienda las Regla 227 de las Reglas de Procedimiento Criminal, con el objetivo de incluir nuevos requisitos relacionados con la confiscación de una fianza cuando el acusado ha evadido la jurisdicción de Puerto Rico.

Según, expone el informe de la Comisión de lo Jurídico, la enmienda consiste en “sustituir el término de gracia de 40 días para que la sentencia de confiscación advenga firme y ejecutoria por un término de seis meses… Esto le confiere mayor oportunidad al fiador de localizar al acusado”.

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