JSF rechaza propuesta del gobernador respecto al Sistema 2000

Natalie Jaresko desfavoreció el martes el anuncio del primer mandatario.

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    JSF rechaza propuesta del gobernador respecto al Sistema 2000

    La directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko desfavoreció el martes el anuncio del gobernador Ricardo Rosselló referente a una resolución que asignaría 1,400 millones de dólares para reponer las contribuciones que hicieron los empleados al fondo de pensiones Sistema 2000.

    “Le damos la bienvenida a las expresiones del gobernador Ricardo Rosselló en cuanto a que el manejo inapropiado de las aportaciones que hicieron empleados gubernamentales al fondo de Sistema 2000 tiene que corregirse”, dijo Jaresko en declaraciones escritas.

    “Desafortunadamente, en vez de apoyar el acuerdo entre la Junta y Servidores Públicos Unidos/AFSCME -que incluye reponer 1.4 millones de dólares en contribuciones de los empleados al Sistema 2000 como parte del plan de ajuste del gobierno-, luego de más dos años de su mandato, el gobernador ha optado por atender estas reclamaciones de forma aislada y fuera del Título III”, añadió.

    Señaló que la deuda de Puerto Rico, tanto la de obligaciones de pensiones sin financiamiento y la deuda a los bonistas, debe ser reestructurada y resuelta de forma integrada como parte del plan de ajuste bajo el Título III.

    “El Tribunal provee la mejor y única oportunidad para proteger a los retirados actuales y futuros, luego de las prácticas irresponsables de pasadas administraciones con respecto al tema de pensiones”, concluyó.

    Rosselló Nevares, anunció el martes que se presentó una resolución conjunta con la cual se busca separar 1,400 millones de dólares del Tesoro Estatal para restituir las aportaciones individuales que realizaron los servidores públicos al Programa de Cuentas de Ahorro, mejor conocido como “Reforma 2000” y el Programa Híbrido de Contribución Definida entre los años 2000 y 2017.

    Según explicó Rosselló Nevares, durante ese periodo se le requería a los empleados públicos participantes contribuir el 8.275 por ciento y 10 por ciento de su retribución a estos programas, fondos que estarían disponibles para estos al momento de acogerse al retiro.

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