La presidenta de la Comisión de Derechos Civiles, Georgina Candal Segurola, adelantó el lunes que el organismo público dará paso a una investigación en contra de la secretaria del Departamento de Educación (DE), Julia Keleher, tras recibir una querella en la que se alga ‘favoritismo político’ en el proceso de selección de personas para un programa que busca capacitar superintendentes.
Según explicó la otrora jueza superior en declaraciones escritas, la Comisión recibió la mencionada querella el pasado 9 de febrero. La misma expone que la titular de Educación, durante una entrevista publicada el 4 de febrero en un periódico expresó haber seleccionado a 30 personas para un programa para preparar superintendentes a base de su afiliación político-partidista. Asimismo, indica que para la selección utilizó “fotos con gente identificada”.
“Nuestro sistema constitucional establece que el criterio político-partidista en la toma de decisiones gubernamentales es inaceptable. Nuestro Tribunal Supremo ha establecido que el discrimen por ideas políticas está claramente prohibido, aun cuando ocurra contra empleados públicos que no tienen expectativa alguna de continuidad en el puesto, como es el caso de contratistas independientes. Además, ha reconocido la gran importancia social que tiene el proteger al servicio público de los vaivenes de la política partidista”, citó Candal Segurola en una misiva que le cursó a Keleher en la que le informa el recibo de la querella.
En la comunicación escrita, la presidenta de la CDC, además, le solicita a la secretaria de Educación que, en un término de cinco días, comparezca por escrito a la Comisión para expresar su posición sobre el particular y sobre sus expresiones publicadas en el rotativo.
“Las expresiones de la secretaria Keleher, según publicadas, tienen visos de inconstitucionalidad y representan una exclusión de empleados y empleadas no afiliados a partidos políticos o afiliados a partidos no seleccionados. Le recordamos que la práctica del discrimen político incide negativamente sobre la convivencia política y la vida democrática de nuestra sociedad. El discrimen político violenta las garantías constitucionales que protegen la libertad de expresión, el respeto a la dignidad del ser humano, la prohibición del discrimen por ideas políticas y la coacción en el ejercicio de la prerrogativa”, subrayó la funcionaria.
La misiva se envió acompañada de unos requerimientos relacionados a la querella 2018-3-17344. Entre los requerimientos se encuentran; descripción del Programa para Preparar Superintendentes, objetivos que persigue el mencionado Programa, propósito que se persigue con la selección de participantes con criterios políticos, descripción del método y los criterios utilizados para identificar y seleccionar las personas elegibles para el Programa.
“Como en la entrevista publicada el pasado 4 de febrero, se informa que la secretaria indicó que ‘la gente entre sí’ fue la que identificó a los empleados por razones políticas, le solicitamos también que identifique a los funcionarios y funcionarias que participaron en la identificación de personas para el Programa”, concluyó Candal Segurola.
