La presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Aida Díaz, adelantó el martes, que la AMPR y la Local-Sindical ya radicaron un recurso legal para que se declare inconstitucional la Ley 85 – 2018, firmada por el gobernador Ricardo Rosselló.
“A pesar de que mantuvimos un diálogo e intercambio de información con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y se lograron cambios sustanciales a la Ley 85-2018 de Reforma Educativa, en especial la protección de los derechos adquiridos de la clase magisterial, hoy, la Asociación da un paso al frente y radica un recurso para que se declare inconstitucional dicha ley porque se está violentando el Artículo II, Sección 5 de la Constitución de Puerto Rico en la medida que dicha ley, por medio de las escuelas alianzas y los vales educativos, sostienen escuelas privadas”, explico Díaz en declaraciones escritas.
Mencionó que su posición siempre ha sido de rechazo a las escuelas charters y a los vales educativos porque se sabe que minan los fondos de la educación pública y los desvían a empresas privadas.
“Como representante exclusivo del magisterio y en medio del momento histórico en el que nos encontramos, la Asociación de Maestros siempre defenderá la escuela pública y el patrimonio constitucional que instituye en tal rango el deber del Estado de mantener un sistema público de enseñanza libre y no sectario”, agregó.
La doctora Díaz aseguró que la AMPR siempre se ha distinguido por su respeto a las instituciones y en especial por agotar los recursos, y en esta ocasión acuden al tribunal como lo han hecho en otras ocasiones.
“Acudimos a este foro con el claro convencimiento, consciencia social y moral de que la llamada reforma educativa no representa, sino otra cosa que no sea la promulgación e institucionalización de diversos sistemas de enseñanza que chocan con el principio de la educación pública y el derecho incuestionable que tienen los progenitores en Puerto Rico de que el Estado eduque teniendo como principio un solo norte, de acceso a una educación pública, gratuita, no sectaria. Llamar pública a las escuelas alianzas cuando las mismas van a ser administradas, dirigidas y controladas por manos privadas, es una contradicción claramente ilegal e inconstitucional”, puntualizó Díaz.
