El gobernador Ricardo Rosselló Nevares dijo el viernes desconocer cuál será el costo de la demanda contra la Junta de Control Fiscal (JCF) por el presupuesto del año fiscal 2018 – 2019.
“Lo que quiero que tengan en consideración es que esto se puede elevar a decenas de millones de dólares al mes. Nosotros estamos pagando nuestros abogados, los abogados de la Junta y si los bonistas quieren venir a dar su opinión, también tenemos que pagar los abogados de los bonistas”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.
“Es un gasto excesivo y si hay otros pleitos sigan entonces añadiendo los costos”, añadió.
Mencionó que a excepción de un mensaje que envió a los integrantes de la JCF para dejarles saber lo de la demanda, no ha tenido comunicación adicional con ninguno de sus integrantes.
El mandatario reveló el jueves, que la demanda es para establecer que la JCF no puede usurpar los poderes del gobierno de Puerto Rico. Lo segundo, notificó que firmó el presupuesto sometido por el ejecutivo a la Asamblea Legislativa para que sea el tribunal quien decida cuál es el presupuesto que impera.
Mencionó que se radicaría la demanda en el Tribunal Federal en contra de la Junta de Control Fiscal para que la jueza de quiebras, Laura Taylor Swain decida cuál presupuesto debe implantarse en el país.
Indicó que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) recibió instrucciones para operar con la versión presupuestaria del gobierno.
Puerto Rico
El presupuesto del Gobierno, aprobado por la JCF entre la noche del sábado y la madrugada del domingo delinea gastos para el año fiscal 2018-2019 de 8,757,524 millones de dólares para el Fondo General y 20,663,643 millones de dólares para el Presupuesto Consolidado del Gobierno, que incluye todas las entidades independientes, otros fondos, y fondos federales, en cumplimiento con el Plan Fiscal Certificado del Gobierno de Puerto Rico del 29 de junio. Esta cantidad no incluye, sin embargo, entidades gubernamentales que tienen sus propios planes fiscales.
Detalló que el recurso legal se compone de un “injunction” y un proceso declaratorio y que también contempla el asunto de las facultades del ente federal sobre la política pública del gobierno.
