“La deuda pública, considerando el nivel de actividad económica actual, es impagable”, dijo el gobernador Alejandro García Padilla en el 2016. Ese primer impago marcó la crisis que había comenzado mucho antes.
A partir del 1992, hasta el 2012, cada gobernador aumentó la deuda que dejó su predecesor, terminando con unos $68,960 millones bajo la administración de Alejandro García Padilla.
Además, la derogación de la Sección 936 del Código de Rentas Internas de los Estados Unidos en el 1996, que tuvo efectividad en el 2005, provocó la pérdida de decenas de miles de empleos, un aumento en la emigración y dio un duro golpe a la banca.
Y a la enorme deuda se añadieron otros factores, como un producto interno en descenso, menor participación laboral y mayor desempleo.
Dada esta situación, el Congreso aprobó la Ley Promesa el 30 de junio de 2016 y en agosto, el presidente Barack Obama estableció la Junta de Control Fiscal, nombrando a Ana Matosantos, José Ramón González, Arthur González, Carlos García, José Carrión, Andrew Biggs y a David Skeel.
Según la Ley, la misión de la Junta es trabajar con el pueblo y el Gobierno de Puerto Rico para crear las bases de un crecimiento económico sostenible y restablecer la oportunidad para el pueblo de Puerto Rico.
Sin embargo, la lucha de poderes entre el Ejecutivo, la Legislatura y la Junta han prologando las negociaciones, arriesgando así la aprobación de un presupuesto balanceado, que es uno de los requisitos para que se disuelva el ente federal.
