El exjuez Rafael Ramos Sáenz compareció este viernes ante el comité de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) que realiza la investigación del polémico chat de WhatsApp que le costó el cargo como presidente de la CEE.
Ramos Sáenz llegó a eso de las 7:45 a.m. a la sede de la CEE, en Hato Rey, mucho antes de lo previsto, pues estaba citado a las 9:00 a.m.
Durante la entrevista, el exjuez invocó derecho a no auto incriminarse. Su abogado, Ivandeluis Miranda, dijo que no emitirán comentarios, alegando que la comisión estableció un reglamento de privacidad durante la investigación.
El miércoles, la Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, informó que el Departamento de Justicia notificó a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) que recomienda la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) contra el exjuez como resultado de la evidencia recopilada durante la investigación preliminar y a tenor con el derecho aplicable, por entender que existe causa suficiente de que se pudo haber cometido varios delitos relacionados a los hechos investigados.
La pesquisa realizada por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia destaca que se cuenta con prueba que demuestra causa suficiente para realizar dicha recomendación. La misma indica que Ramos Sáenz, mientras fungía como juez municipal y presidente de la Comisión Local 037 de Moca, pudo haber incurrido en violación de: el Artículo 250 (Enriquecimiento ilícito); Artículo 252 (Aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos); Artículo 291 (Influencia indebida en la adjudicación); Artículo 264 (Malversación de fondos públicos) del Código Penal. También pudo haber violado los Artículos 12.005, 12.007 y 12.015 del Código Electoral del Siglo XXI. Lo anterior, además de posible violación de los Cánones de Ética Judicial que realiza el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
A raíz de la extensa prueba examinada durante la investigación preliminar contra el expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), el referido incluye en su recomendación que la misma debe ser analizada en unión a evidencia que sugiere que contra otras personas, hoy funcionarios públicos, existe causa suficiente sobre la posible violación al Artículo 292 (Influencia indebida en la adjudicación) del Código Penal por hechos ocurridos el 29 de octubre de 2016 y posible violación de las disposiciones del Código Electoral por parte de estos funcionarios por su activa participación e interacción con el exjuez Ramos Sáenz en materia de la jurisdicción del Código Electoral.
Estos son: la administradora de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), Waleska Maldonado Claudio; el Subadministrador de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Yoniel Arroyo Muñiz; la Directora de Transformación y Eficiencia de la Oficina del Secretario de la Gobernación, Yesenia Díaz Román; la Secretaria Asociada de la Gobernación y Asesora del Gobernador en Desarrollo e Implementación y Ejecución de las iniciativas contenidas en el Plan de Gobierno, Itza García Rodríguez; y el Secretario de la Gobernación, William Villafañe Ramos.
Puerto Rico
Todos los funcionarios renunciaron. Villafañe lo hizo por cuenta propia, mientras que los otros salieron de sus puestos tras la solicitud del gobernador, Ricardo Rosselló.
