El gobernador Ricardo Rosselló Nevares reiteró hoy su oposición a la reducción de jornada laboral que impulsa la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
“La propuesta de la Junta de Supervisión Fiscal de reducción de la jornada laboral no es necesaria y su efecto en la economía provocaría graves daños a todos los sectores del comercio, la banca, industrias y la sociedad en Puerto Rico. Esa es la razón para oponernos firmemente a esa medida y por lo que hemos identificado otras medidas fiscales que no afecten a los más vulnerables”, expresó el primer ejecutivo en declaraciones escritas.
Según Rosselló su administración ha logrado la aprobación de un Plan Fiscal sin incluir medidas propuestas por la Junta de Supervisión Fiscal que hubieran sido graves para el Pueblo como: el despido de cerca de 45,000 empleados y la eliminación de cientos de miles de beneficiarios del plan de salud del Gobierno.
“Reconocemos que los retos de Puerto Rico son grandes pero no podemos perder de perspectiva que el crecimiento económico es esencial para salir de esta crisis fiscal”, indicó el primer ejecutivo quien aseguró que próximamente anunciará otras medidas para descartar la reducción de jornada laboral.
El primer ejecutivo hizo énfasis en que la propuesta de la Junta de Supervisión Fiscal de reducir un día semanal la jornada laboral de los empleados públicos conllevaría en recortarle 20% de su salario a estos trabajadores lo que desemboca en un impacto negativo económico y social en estos núcleos familiares y en el resto de la población.
Según los estudios económicos del Gobierno, una reducción de jornada laboral como la propuesta por la Junta de Supervisión Fiscal provocaría un decrecimiento en la economía de la Isla de sobre $500 millones.
“Sobre la medida propuesta por la Junta de Supervisión Fiscal, un empleado que tiene un salario de $2,000 mensuales vería su salario mensual reducido en $400.00. Esta propuesta de reducción de jornada laboral crearía una crisis social sin precedentes afectando la estabilidad de estos trabajadores y los empleos de otros en el sector privado”, advirtió el gobernador.
Puerto Rico
"Con esa medida cerca de 100,000 empleados públicos no tendrían recursos para pagar sus hipotecas y automóviles lo que crearía una crisis en la industria bancaria y concesionarios de autos. Además, los comercios sufrirían una dramática merma en sus ventas, entre ellos la industria de alimentos, restaurantes, entretenimiento y comercios al detal”, manifestó.
“No lo podemos permitir. Por eso, al amparo de las facultades que le reconoce la Ley PROMESA al Gobierno de Puerto Rico, rechazamos y nos opondremos a esa medida en cualquier foro que sea necesario”, sentenció el mandatario.
El gobernador hizo un llamado a los diferentes componentes del sector privado, organizaciones profesionales y de la sociedad que dan soporte a nuestra economía a unirse a los esfuerzos de su administración para evitar la reducción de jornada.
