El gobernador Ricardo Rosselló Nevares dió paso al Proyecto del Senado 1131, que ordena a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) revaluar las solicitudes que fueron presentadas oportunamente por las entidades gubernamentales conforme al programa de pre retiro voluntario.
“Se realizaron varias vistas públicas en el Senado y como parte de los resultados de la investigación realizada por la Comisión de Hacienda entendimos que lo más prudente y justo es que la OGP revaluara las peticiones que cumplían con todos los requisitos y que no presentaban menoscabo económico ni de personal para la agencia que trabajaban”, sostuvo Seilhamer Rodríguez en declaraciones escritas.
Detalló que la medida, radicada junto a la senadora Migdalia Padilla, surgió como consecuencia del acercamiento de cientos de empleados públicos preocupados porque OGP les había denegado la petición de acogerse al pre retiro voluntario, a pesar de cumplir con los requisitos, haber solicitado a tiempo y resultar favorable económicamente para la agencia gubernamental para la que trabajaban.
Añadió que el gobernador hizo lo correcto al convertir en Ley esta medida, que pasa ahora a evaluación de la Junta de Control Fiscal. “Confío que la Junta evalúe los números y los resultados de este programa. Según los datos provistos por OGP de un total de 116 agencias, fueron aprobados planes de pre retiro para 40 agencias. Esto representó un ahorro neto para el primer año de sobre 16 millones de dólares y un ahorro neto de más de 150 millones de dólares al completar el Programa. Con esta medida además de garantizar un proceso justo para los empleados públicos, atendemos también la situación fiscal del gobierno”, dijo.
Finalmente, Seilhamer Rodríguez indicó que, “esta medida es cónsona con lo que busca el gobierno y la Junta de allegar ahorros al fisco. Además, ahora el gobierno cuenta con la Ley 8-2017 que estableció el empleador único, lo que permite al gobierno la mejor utilización del recurso humano según las necesidades de prestación de servicios. Revaluar estas solicitudes podría representar en reducción significativa al gasto público y además se le haría justicia a miles de empleados públicos”.
