La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico anunció mediante comunicado de prensa que logró un acuerdo con ciertos bonistas del Gobierno de Puerto Rico en el marco de un plan de ajuste para resolver $35,000 millones en deuda y las reclamaciones -no relacionadas con la deuda- contra el Gobierno de Puerto Rico. El acuerdo reducirá el monto de los bonos del Gobierno de Puerto Rico en circulación a menos de $12,000 millones, equivalente a una reducción que supera un 60%.
Mientras, el servicio de la deuda del Gobierno, incluyendo principal e intereses por los próximos 30 años, se reducirá a menos de la mitad, de $43,000 millones a $21,000.
El acuerdo con los acreedores, evidentemente, es un reconocimiento de parte de los bonistas y otros sectores con reclamaciones contra el gobierno de que la difícil situación financiera que atraviesa Puerto Rico requiere una reducción significativa de su deuda a niveles sostenibles. Este acuerdo es un elemento importante del plan de ajuste que permitirá a Puerto Rico salir de la deuda a principios del año que viene. La Junta de Supervisión espera someter un plan de ajuste para el Gobierno de Puerto Rico durante los próximos 30 días.
Este acuerdo se suma a aquellos que se lograron la semana pasada con el Comité Oficial de Empleados Retirados (COR) para resolver los $55,000 millones en reclamaciones relacionadas con pensiones; y con varias uniones, en relación con acuerdos de negociación colectiva y beneficios de retiro. Estos acuerdos le facilitan a Puerto Rico un camino viable para dejar atrás esta reestructuración y salir del proceso en que nos encontramos bajo el Titulo III de PROMESA. PO Box 192018 San Juan, PR 00919-2018; www.oversightboard.pr.gov; comments@oversightboard.pr.gov
“Los acuerdos con acreedores, con el COR y las uniones es un logro importante para Puerto Rico de cara a un futuro en el que pueda mantener un pago de la deuda sostenible, asegurar pensiones y estabilidad fiscal”, dijo el presidente de la Junta de Supervisión, José Carrión. “El plan de ajuste del gobierno proveerá confianza a los inversores de que Puerto Rico superó la crisis financiera. La ciudadanía finalmente podrá vivir sin la incertidumbre de una deuda insostenible del gobierno, que afectó negativamente la habilidad de atraer inversiones, generar empleos y crecimiento económico”.
El acuerdo provee un recorte promedio que supera 60% para la totalidad de $35,000 millones en reclamaciones contra el gobierno, un 36% de reducción para los tenedores de bonos válidos de las obligaciones generales de Puerto Rico, y un 27% de reducción a los tenedores de los bonos válidos de la Autoridad de Edificios Públicos, garantizados por el gobierno.
Este convenio con los bonistas, conjuntamente con el acuerdo de reestructuración de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA) aprobado en febrero pasado, reduce el servicio máximo a la deuda que se pagaría en años futuros por más de 70%, de $4,200 millones anuales a menos de $1,500 millones al año.
Puerto Rico
“Hemos trabajado arduamente en beneficio de los intereses de los residentes de Puerto Rico y estamos contentos de haber alcanzado un acuerdo mutuo con los acreedores, que reduce significativamente la deuda total de Puerto Rico y el de su pago anual”, dijo la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión, Natalie Jaresko. “Fue un proceso de negociación riguroso y estamos confiados en que alcanzamos el mejor acuerdo posible para Puerto Rico y dejar atrás la práctica de estar incurriendo en deudas que eran insostenibles”.
La Junta de Supervisión radicará un plan de ajuste para el Gobierno de Puerto Rico ante el Tribunal que ventila el caso de Título III durante los próximos 30 días y espera salir de la quiebra a principios del 2020.
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