La Junta de Supervisión Fiscal (JSF), envió este viernes, una carta al Gobernador y a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico para hacer una recomendación acorde con la Sección 205 de PROMESA.
En la carta, la JSF recomienda que el gobernador rescinda la Orden Ejecutiva 2018-033, que establece un salario mínimo de 15 dólares por hora para aquellos que realizan trabajos para proyectos de construcción financiados por el gobierno federal.
Sin embargo, el Gobernador agradeció la sugerencia, pero mantuvo su postura en cuanto a la orden que emitió.
Facebook Live del Gobernador en reacción a la carta de la JSF
“El aumento al salario mínimo en el sector de la construcción a $15 es una determinación de política pública de mi Administración en beneficio de los trabajadores", indicó por escrito.
Explicó además que el ente fiscal "ha reconocido nuestra facultad y ha realizado una recomendación. Aunque estimamos su sugerencia, nuestro objetivo es garantizar que, en la reconstrucción de Puerto Rico, se remunere adecuadamente a nuestra clase trabajadora".
El Primer ejecutivo concluyó indicando que "es necesario asegurar que los fondos de recuperación circulen en nuestra economía y hagan la debida justicia social. Seguiremos buscando alternativas para ayudar al sector privado y para incentivar nuestra economía sin afectar este beneficio otorgado a los trabajadores. Aunque falta mucho por hacer, ya vemos signos positivos en los indicadores económicos y en las estadísticas federales de empleo”.
Carta de La Junta de Supervisión Fiscal
"La Junta de Supervisión considera que las políticas para aumentar la tasa de empleo deberían tener prioridad en la mente del Gobierno cuando elabora políticas económicas para Puerto Rico", dijo José Carrión, presidente de la JSF en declaraciones escritas.
Puerto Rico
"En este contexto, el curso más prudente sería dejar que el mercado dicte los salarios de los proyectos de construcción financiados con fondos federales y, en la medida que aumente la demanda de trabajadores, esperaríamos que los salarios aumenten acorde con esa demanda", añadió.
La carta está disponible en la página de internet de la Junta www.juntasupervision.pr.gov. El gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó a finales del mes de julio de 2018, una orden ejecutiva para aumentar el salario mínimo de los empleados de la industria de la construcción en Puerto Rico a 15 dólares la hora para contrataciones gubernamentales.
“Uno de los elementos fundamentales de la recuperación de Puerto Rico es la industria de la construcción, la cual es vital para estar preparados ante fenómenos atmosféricos y otras emergencias que nos puedan afectar en el futuro”, sostuvo el primer ejecutivo en conferencia de prensa.
De igual forma, la orden establece el requerimiento del uso de cemento local en proyectos de construcción del Gobierno local. El decreto también exige acuerdos laborales para proyectos financiados por el Gobierno para instaurar condiciones de seguridad y entrenamiento profesional para la protección de los trabajadores.
Asimismo, el gobernador añadió que “ahora que Puerto Rico comienza el camino de la reconstrucción, es indispensable que la fuerza local de la construcción sea más fuerte que nunca. Necesitamos más trabajadores puertorriqueños de construcción, mejor entrenados y mejor remunerados”.
Actualmente, los trabajadores de la construcción reciben salarios que no están acorde con los riesgos y sacrificios de sus labores. En otras jurisdicciones de los Estados Unidos un empleado de la construcción genera un sueldo de unos 70 dólares la hora. En Puerto Rico, los trabajadores de la construcción reciben 7.25 dólares la hora a nivel privado y 8.25 dólares en contrataciones con el Gobierno.
La orden ejecutiva aumenta el salario mínimo de los trabajadores de la construcción a 15 dólares por hora en contrataciones gubernamentales para poder mantener y atraer el desarrollo económico que Puerto Rico necesita. Esto ocurre en los estados por medio de la aplicación de la Ley federal Davis-Bacon, la cual fija un salario mínimo más alto para proyectos públicos.
Dicha ley federal no aplica a Puerto Rico; sin embargo, las consideraciones de justicia que la motivan deben ser de aplicación en la Isla también. Por otra parte, la orden ejecutiva establece que se ponga en vigor la Ley Número 109 de 1985, que requiere el uso de cemento local en proyectos de construcción del Gobierno.
