La Junta de Planificación hizo serias imputaciones en contra del Consejo Estatal de Deficiencia en el Desarrollo (CEDD), relacionadas a demoras, conflicto de interés y mal manejo de fondos de los programas y la administración de la entidad, que el pasado 31 de mayo fue puesto en sindicatura por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) hasta tanto subsane los señalamientos al respecto de Departamento de Salud y Servicios Humanos del Gobierno Federal (HHS).
Las denuncias fueron difundidas el viernes en la segunda vista pública en torno a la Resolución de la Cámara 1417, del presidente de la Comisión de Turismo y Bienestar, el representante Néstor Alonso Vega, para investigar la efectividad y eficiencia de los procesos llevados a cabo en el Consejo, con el propósito de establecer la política pública necesaria que facilite la óptima atención a las necesidades de las personas con impedimentos en las áreas de empleo, educación, transportación, recreación y seguridad.
La directora ejecutiva de la Junta de Planificación, a la cual está adscrito el Consejo, Ana María Corrada, indicó que AAFAF le notificó el 31 de mayo pasado a la directora ejecutiva del Consejo en función, Mayraine Roa, sobre el cese y desista de operaciones programadas y fondos afectando directamente a cinco organizaciones que en este momento tienen que detener sus actividades.
“La Junta en conjunto con AFFAF están trabajando arduamente para que el Consejo pueda volver a ofrecer los diversos programas mejorando la calidad de vida de personas con diversidad funcional”, expresó Corrada en comunicación escrita.
Al ser abordada por el representante Alonso Vega, en cuanto a si la Junta ha podido identificar la comisión de algún delito relacionado con los señalamientos, Corrada indicó que la JP puede responder a partir de 2017 cuando entró la Administración en función.
“En representación de la presidenta de la Junta, María del Gordillo y la CEDD, soy concejal de los 11 representantes de las agencias que componen el Consejo. Tan pronto entramos en el Consejo nos percatamos que había irregularidades e hicimos lo pertinente de levantar una auditoría interna porque el Consejo está adscrito a la JP, y comenzamos el análisis. No obstante, se nos hizo dificilísimo poder entrar directamente al Consejo por las diferentes interpretaciones de la gobernanza del Consejo”, explicó la funcionaria.
Corrido, el director de la Oficina de Asuntos Legales de la JP, el licenciado Héctor Morales, sostuvo que “aún es muy prematuro para determinar la comisión de delito. Sí hay una diversidad de falta a las normas y reglamentación de las leyes federales para el manejo de fondos públicos en este momento. Sin otros elementos al momento no se puede decir que hay comisión de delitos aún, pero existe la posibilidad. Hay que examinar detenidamente la evidencia si constituye un delito o no. La evaluación se está haciendo”.
También, a preguntas del representante Alonso Vega, Corrada agregó que para el año 2016, la CEDD perdió $1.2 millones en fondos federales para sus programas y $1.9 millones en el 2017 por incumplimiento. Igualmente, informó que el mismo 31 de mayo, Roa, fue destituida de su posición. Agregó que “no es la primera vez que Roa fue suspendida por incumplimiento. Roa fue directora ejecutiva desde el año 2005 al 2012, cuando fue suspendida por unos señalamientos. Fue reincorporada en el 2013 hasta mayo de 2019, cuando fue destituida nuevamente”, respondió
A esos efectos, el representante Alonso Vega resumió que a raíz de las declaraciones la Comisión pudo aclarar cuales han sido las funciones del Consejo y la JP, y verificar que existen imputaciones serias no solo del Consejo sino también de la JP de la pasada administración.
“Le solicitamos todas las actas de las reuniones del CEDD desde el 2012 hasta el presente, y de la auditoría interna que hizo la Junta para tener conocimiento de otros señalamientos que no han salido a la luz pública y queremos hacer ese tipo de evaluación. Como parte de la investigación citaremos a Roa, aunque fue destituida, porque puede aclarar muchas preguntas. Aunque haya sido destituida, eso no la exime de responsabilidad y tiene que rendir cuentas”, concluyó.
Puerto Rico
De igual modo, el representante y co-autor de la resolución cameral investigativa, José Aponte Hernández sostuvo que “estamos mirando el funcionamiento del Consejo y tenemos que proteger y abogar por los derechos humanos y legales de las personas con impedimentos”.
