El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz adelantó el viernes que el Senado no concurrirá con la versión de la derogación de la Ley 80 de Despidos Injustificados aprobada la noche del jueves en la Cámara de Representantes.
“El Senado no puede concurrir con esa medida. La medida adolece de grandes deficiencias jurídicas y grandes contradicciones, en primer lugar. En segundo lugar, creo que la Junta de Control Fiscal se precipitó a sacar un comunicado diciendo que la avalaba porque en el área de la vigencia de la ley, se establece que la Junta tiene que asegurarse que haya cerca 500 millones de dólares… por los próximos cinco años porque de lo contrario se revertiría la derogación y volvería a entrar en vigencia la Ley 80”, dijo Rivera Schatz en entrevista radial (WKAQ).
Detalló que los 500 millones de dólares estriban en los 25 millones de dólares de la Universidad de Puerto Rico (UPR), los 50 millones de los municipios y cerca de 300 millones de desarrollo económico.
“Jurídicamente eso no es posible. Además, la Junta estaría renunciando a facultades que están en la ley federal y ninguna Legislatura colonial o estatal puede imponerle condiciones a un ente federal”, agregó.
La Cámara de Representantes aprobó el jueves con enmiendas el Proyecto del Senado 1011 en torno a la Ley 80, e incorporó una nueva enmienda que crearía la “Ley del Fondo de Compensación por Despido Injustificado y Reingreso al Ámbito Laboral”.
En síntesis, se enmendó la medida para evitar dos tipos de clasificaciones de empleados. De igual manera, contiene establecer la creación de dicho fondo, así como las aportaciones que lo nutrirán, además de disponer de su administración y usos, al mismo tiempo dispondrá la fecha de vigencia del mismo. También, instituirá las obligaciones de patronos y sanciones penales.
La medida protege el bono de navidad de los empleados públicos y privados, mantiene inalterados los días de vacaciones y enfermedad con los que cuenta un empleado del sector privado y la permanencia de todos aquellos derechos laborales establecidos en la Constitución de Puerto Rico y aquellas leyes estatales y federales aplicables.
Puerto Rico
“El martes lo recibiremos y no vamos a concurrir con eso y a menos que entren en razón, se acabó. No va a haber derogación de la Ley 80 y no va a haber nada… Quedaría la Ley 80 vigente, en pleno vigor para todo el mundo, todo el tiempo”, reiteró Rivera Schatz.
“¿Qué tal si en el 2019 o en el 2020 o en el 2021 los recursos de Puerto Rico no son suficientes para garantizar 50 millones de dólares a los municipios, 25 millones a la UPR y 300 millones de desarrollo económico? ¿Qué va a hacer la Junta, pedirlos prestados a nombre del pueblo de Puerto Rico para honrar el acuerdo? No los va a coger. Si no se cumple y se revierte la ley y vuelve a entrar en vigencia la Ley 80, ¿qué va a pasar con los empleados que fuesen despedidos en ausencia de la Ley 80 en el año anterior. Entonces la van a revertir para que (el empleado) vaya a su patrono y le diga: ‘como se revirtió la ley, pagame la mesada ahora y reconóceme mis derechos?”, cuestionó Rivera Schatz.
“El Senado no debe recurrir con esa versión. Se acabó el evento a menos que se procure un entendido correcto”, afirmó al defender la versión senatorial de la propuesta que es parte de un acuerdo del gobierno con la JCF.
Ante alegaciones de que si no se hace nada, se ponen en juego el bono de navidad y otros beneficios de los trabajadores, Rivera Schatz reaccionó que “la Junta de Control Fiscal emitió una resolución en la que rechaza el presupuesto del ejecutivo y presenta un su propio presupuesto. En ese presupuesto están esos fondos. Ningún presupuesto que la Junta autorice o presente, puede estar fundamentado en otra cosa que no sean números correctos. Dicho de la manera más sencilla: la Junta no podía negociar con Puerto Rico ningún presupuesto a cambio de nada, a menos que los número cuadren… que los recaudos van a ser suficientes para pagar a los municipios a las becas y todo lo que son obligaciones del gobierno. Si ya ellos reconocen eso, sobra la Ley 80”.
Por su parte, el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Ramón Rosario defendió la aprobación de la medida en la Cámara, que según dijo asegura los beneficios de los trabajadores y ayuda a identificar recursos para incentivar la economía. Ante preguntas sobre la diferencia entre esta versión y el acuerdo con la JCF, sostuvo que “el Fondo de Compensación es un elemento importante… Esto se discutió nos solamente con los presidentes legislativos en el camino, sino con los demás legisladores, se consultó la Junta y ya se expresó de que estaba de acuerdo con lo que se aprobó porque en el camino se discutió con ellos los posibles cambios para mitigar la transición cambiando la jurisdicción de Ley 80 a Empleo a Voluntad”.
Afirmó ahora tendrán que trabajar con los senadores para que entiendan los alcances del acuerdo con la JCF y atender todas sus preocupaciones para que cada uno decida sobre cómo votarán.
