El Gobierno de Puerto Rico pidió el viernes más tiempo al tribunal para hacer públicos los planes de implementación e informes de progreso que la administración Rosselló Nevares ha entregado a la Junta de Control Fiscal (JCF) y que fueron solicitados desde febrero por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
Tras una vista celebrada el viernes en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, el juez Anthony Cuevas otorgó 17 días al Gobierno para entregar los documentos. Este plazo vence el lunes, 20 de mayo. Cuevas también señaló una vista para el 22 de mayo en la cual se discutirán los documentos que hayan sido entregados y aquellos que el Estado retendrá, si invoca algún privilegio legal.
Los planes de implementación detallan las medidas que deben realizar las agencias y corporaciones públicas para cumplir con los planes fiscales, tales como consolidaciones, recortes en nómina y reducción en gastos operacionales. También cubren las medidas para aumentar los recaudos, al igual que reformas como las de pensiones, bienestar social, energía y salud. Los informes mensuales de progreso, por su parte, retratan cómo va el Gobierno en la implementación de esos planes.
