Una sentencia emitida el pasado viernes por el Tribunal de Apelaciones le ahorrará millones de dólares al consumidor puertorriqueño, al determinar que la paralización del programa de inspección de furgones en los muelles es ilegal.
El Tribunal ordenó a la Autoridad de Puertos que cese y desista de inmediato la ejecución del reglamento, lo que por el momento paraliza el proceso inspección y el cobro de los cargos que esto conlleva, informó La Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) en un comunicado de prensa.
Además, la determinación judicial podría obligar al gobierno a devolver los sobre $40 millones cobrados durante ese período.
La decisión del Tribunal surge a consecuencia de la impugnación por parte de MIDA de las acciones de la AP, cuando el pasado 6 de septiembre intentó aprobar una extensión del reglamento vencido hace más de dos años y hacerlo de manera retroactiva, contrario a lo dictaminado por la ley.
Según estimados de MIDA, la anulación de este cargo, le ahorrará millones de dólares al consumidor puertorriqueño, que hasta ahora ha pagado sobre $100 millones por un programa que no ha cumplido con su objetivo. La mayor parte de esos fondos se le pagan a una empresa del exterior y por ende, salen de la Isla.
"El programa de inspección y cobro de furgones comenzó en el 2009 a un costo anual aproximado de $20 millones, por lo que hasta el momento ha costado sobre $100 millones, precisamente en el momento de mayor crisis económica de la Isla", aseveró Manuel Reyes Alfonso, Vicepresidente Ejecutivo de MIDA en declaraciones escritas.
