Rosselló vetará proyecto que limita el aborto en Puerto Rico

El Proyecto senatorial fue aprobado la semana pasada por la Cámara.

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    Rosselló vetará proyecto que limita el aborto en Puerto Rico

    El Proyecto senatorial fue aprobado la semana pasada por la Cámara.

    (Publicado lunes 18 de marzo de 2019)

    El gobernador Ricardo Rosselló anunció este lunes que no firmará el proyecto que restringe el aborto en Puerto Rico, causa de polémica por entender algunos colectivos sociales que se trata de un retroceso de décadas en el derecho al aborto en el Estado Libre Asociado.

    Rosselló, en conferencia de prensa, dejó claro que no plasmará su firma en el Proyecto 950. Este fue aprobado a viva voz la semana pasada en la Cámara de Representantes, tal y como había hecho previamente -7 de marzo- el Senado.

    "Para mí es una cuestión del derecho a la intimidad y de unas estipulaciones onerosas que le imponían, particularmente por cuestión de edad", dijo Rosselló para justificar su postura.

    "Tan pronto llegue haré un veto expreso de ese proyecto", sostuvo.

    El proyecto 950 establece que las menores de 18 años necesitan el consentimiento de los padres, tutor legal o la autorización de un tribunal para poner fin al embarazo.

    El proyecto establece que ese consentimiento debe darse hasta los 18 años, algo que como Rosselló reconoció le provocaba reservas.

    El anuncio del gobernador detiene así la iniciativa legislativa, que deberá ahora replantearse para salir adelante.

    El proyecto para la "Ley para la Protección de la Mujer y la Preservación de la Vida" exige a la paciente una espera de 48 horas antes de someterse al aborto una vez que notifica su intención.

    El médico en ese periodo deberá informar a la mujer que pretende abortar de la edad del feto y de que el proceso terminará con la vida de un ser "entero, separado y único".

    Además, el profesional que vaya a realizar el aborto tendrá que enumerar los riesgos que conlleva el procedimiento y los beneficios de asistencia médica disponibles y de apoyo en el caso de que decidiera dar a luz.

    Los que se oponen a la norma entienden que es excesiva la información que los profesionales sanitarios encargados de realizar el aborto deben dar a las mujeres que se sometan a la intervención y que puede funcionar como un disuasorio, que es, según su opinión, uno de los objetivos de la ley.