La procuradora general Loretta Lynch y la directora del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS), Sylvia Mathews Burwell anunciaron el jueves, junto a la fiscal federal del Distrito de Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez, el arresto de siete personas en la isla por fraude al Medicare.
Según la fiscal federal, en el operativo a nivel de todo Estados Unidos y sus territorios, el cual catalogaron como uno “sin precedentes” fue coordinada por el Grupo de Impacto Anti Fraude a Medicare en 36 distritos federales, lo que resultó en acusaciones criminales y civiles contra 301 personas, entre ellos 61 médicos, enfermeras y otros profesionales médicos con licencia, por su presunta participación en los esquemas de fraude de asistencia sanitaria que aproximadamente 900 millones de dólares en facturas falsas.
"Los acusados hoy recibieron dinero de los servicios que no fueron prestados o de cuidado que no fue necesario", dijo la fiscal federal, Rosa Emilia Rodríguez Vélez en un parte de prensa.
Según Rodríguez Vélez, para el 15 de junio de 2016, un gran jurado federal emitió una acusación criminal contra Arlene Carlo Montalvo de 48 cargos por supuesto robo o malversación de fondos en relación con el cuidado de la salud, 48 cargos de fraude electrónico, dos cargos de uso indebido de número de seguro social, y dos cargos de acusación robo de identidad agravado.
Los cargos criminales contra Carlo Montalvo se refieren a un supuesto esquema o artificio para defraudar a Medical Card System Inc., también conocida como MCS, en la cantidad de 219,508.56 dólares, por medio de pretextos fraudulentos y el uso de números de seguro social asignado a otras personas. Carlo Montalvo, como empleado de MCS, creó un proveedor ficticio y manipulaba el sistema para presentar facturas falsas por servicios no prestados.
Otras seis personas se enfrentan a acciones civiles por supuestamente obtener fraudulentamente los beneficios con la presentación de información falsa y con salarios que superaron los 50,000 dólares.
Según la fiscal federal, en concreto, durante el año 2015, las personas inscritas de manera fraudulenta en el programa de beneficios de asistencia médica de Medicaid, supuestamente proporcionaron declaraciones falsas y representaciones relativas a los criterios de elegibilidad, tales como ingresos, entre otros.
