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Corte Suprema desestima apelación de la regla de carga pública tras decisión del gobierno de Biden

El mandato, cuya definición fue expandida por el gobierno de Donald Trump, impedía que algunas personas obtengan la "green card".

Telemundo

WASHINGTON - El Departamento de Justicia le notificó este martes a la Corte Suprema de Justicia que dejará de defender la aplicación de la polémica regla de carga pública, impuesta por el gobierno del expresidente Donald Trump y cuya legalidad estaba en disputa en el máximo tribunal. Tras la decisión del organismo, la Corte Suprema desestimó la apelación.

La Corte Suprema de Justicia había aceptado en febrero escuchar un caso sobre la legalidad de la expansión hecha por Trump a la regla de carga pública, una norma que condiciona a algunos inmigrantes que buscan convertirse en residentes permanentes. 

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Varias cortes menores habían bloqueado la entrada en vigor de la nueva definición de “carga pública”, sin embargo, el gobierno de Trump apeló el caso, que ahora estaba pautado a ir ante los magistrados del máximo tribunal.

Fue en 2019 que el Departamento de Seguridad Nacional anunció que expandiría la definición de “carga pública”. 

Una norma del gobierno para inmigrantes que buscan obtener la “green card” es demostrar que no utilizarán de forma excesiva los beneficios de asistencia federal. Las autoridades migratorias pueden negar una petición de residencia permanente si piensan que el solicitante dependerá del gobierno para sus ingresos y no será autosuficiente. 

Anteriormente, los oficiales de inmigración basaban su decisión en si el solicitante utilizaría o no beneficios monetarios del gobierno, pero el gobierno del expresidente Trump propuso expandir la definición para incluir a aquellas personas que, de convertirse en residentes permanentes, podrían utilizar otros beneficios no monetarios como el Medicaid, y asistencia alimentaria o de vivienda.

Una migrante que cayó a un pozo y sufrió serias lesiones en una pierna y espalda ya se encuentra con su esposo en Nueva York tras haber sido liberada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. Su caso fue trasladado de Laredo, Texas en lo que autoridades califican como un "gesto humanitario".

Bajo la modificación de Trump, cualquier persona que utilice esa ayuda no monetaria del gobierno federal durante 12 meses en un período de tres años sería vetada de poder obtener la residencia permanente.

El presidente Joe Biden le ordenó a principios de febrero al Departamento de Seguridad Nacional revisar la regla de carga pública.

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