SAN JUAN (CyberNews) - El secretario designado de Salud, doctor Francisco Joglar Pesquera, depuso ayer ante la Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas del Senado, confirmando que la agencia tiene un total de $28 millones en deudas acumuladas.
Estas deudas, según dijo, pueden ser divididas en dos componente; el primero, el de deudas de años fiscales anteriores, y las acumuladas en el año fiscal 2013. Las acumuladas en años fiscales anteriores representan el 83 por ciento del total de la deuda, mientras que las deudas acumuladas en el año fiscal 2013 representan el 17 por ciento del monto total.
En tanto, las deudas por cobrar por el Departamento de Salud ascienden a poco más de $18 millones, distribuidos entre el Hospital Universitario, con el 35 por ciento; el Pediátrico, con el 36 por ciento del total adeudado; y el Hospital Universitario Ramón Ruiz Arnau de Bayamón, con el 29 por ciento.
El miércoles se consideraron los presupuestos del Departamento de Salud, Administración de Servicios de Salud (ASES), y el de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA).
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Por otra parte, Joglar Pesquera informó que el presupuesto consolidado para el año fiscal 2014 es de $819 millones, lo que representa una pérdida de $94 millones durante los pasados cuatro años, asociados a una baja en los fondos de estabilización (ARRA).
El presupuesto consolidado contempla una reducción de $10.8 millones, si se compara con el presupuesto actual, que obedece a una reducción de $10.2 millones en la Resolución Conjunta del Presupuesto General y a las Asignaciones Especiales, las cuales bajaron en $4.7 millones.
El secretario designado pidió a la Comisión de Hacienda una asignación de $3 millones para la construcción de un Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) para la isla municipio Culebra.
Joglar reveló que al llegar al Departamento se encontró que al presente hay 11 programas federales que debido a inconsistencias en su cumplimiento con las regulaciones administrativas federales se encuentra bajo el sistema denominado “Manual Draw-Down”, que consiste en que el Gobierno del ELA debe hacer los desembolsos del programa para luego ser reembolsados por el federal.
Esta situación, según dijo, le impone una carga fiscal administrativa adicional al Departamento.
Otro reto con el que se encontró, según dijo, fue la determinación ante el foro federal de una demanda relacionada al Programa de Retardación Mental por violaciones a los derechos civiles de los participantes del programa. La demanda ha traído como resultado que por los últimos 13 años, a ese programa se le requiera estar bajo supervisión directa de un magistrado federal quien asigna el correspondiente monitor y controla el presupuesto.
“Igual suerte tuvimos con una demanda que enfrentamos con los llamados Centros de Salud auspiciados por el Gobierno. Los Centros 330 son organizaciones de base comunitaria que ofrecen cuidado de salud primaria a personas de todas las edades, independientemente de su capacidad de pago. Por estar cobijado por la regulación federal, estos centros tienen derecho a facturar a los planes médicos el costo de sus servicios”, dijo.
