Desmienten estancamiento de 35 mil querellas

SAN JUAN, Puerto Rico (CyberNews) - La secretaria del Departamento de la Familia, Yanitsia Irizarry, desmintió que esa agencia tenga 35 mil querellas de maltrato de menores pendientes por atender e irrumpió en llanto mientras contestaba preguntas del Comité de Transición Entrante al hablar sobre un caso de un adolescente que atiende la agencia.

La exjueza Dolores Rodríguez de Oronoz, integrante del Comité Entrante, trajo a colación que según informes de prensa, hay cerca de 35 mil querellas que no son atendidas. “Esa información no es correcta. En su momento tendrá el Comité de Transición y la persona que designen la oportunidad de ir y corroborar”, ripostó Irizarry.

Mientras la secretaria detallaba la contratación de personal adicional y otros detalles, los miembros del Comité Entrante insistieron sobre la cifra exacta de querellas pendientes.

“Disculpe, disculpe. Me quedé pendiente, porque la pegunta mía era un poco más gerencial. ¿Usted es la voz del Departamento, cuántas querellas tienen de maltrato de menores”, cuestionó Rodríguez de Oronoz.

“Nosotros recibimos aproximadamente 30 mil llamadas todos los días. De esas llamadas aproximadamente un 20 o 25 por ciento, quizás 30 por ciento, se convierten en referidos”, contestó la secretaria.

Sin embargo, no pudo ofrecer la cifra exacta de querellas pendientes, alegando esos datos se trabajan en tiempo real.

“Nuestros niños son más que números”, dijo la secretaria cuando se desató un leve intercambio de expresiones sobre las cifras exactas de casos.

Irizarry pidió al personal de la agencia que enviaran información detallada sobre el particular al Comité de Transición Entrante. De paso, aseguró se ha completado el 80 por ciento de un programa de mecanización para que los trabajadores sociales agilicen el proceso de atender cada caso.

Del intercambio de preguntas y respuestas trascendió que la agencia cuenta con 1,057 trabajadores sociales, 260 supervisores de trabajadores sociales, siete especialistas en trabajo social, 584 técnicos de servicios a la familia y 364 asistentes de servicios.

Según la funcionaria el promedio debería ser entre 20 y 30 casos por trabajador social. El Departamento se vio obligado a contratar empleados adicionales en noviembre del año pasado debido al alto flujo de casos.

“Una de las razones para reclutar nuevos trabajadores sociales es que tenían necesidad de ayuda adicional. Se recontrataron 110 trabajadores sociales y 50 asistentes de servicios”, dijo.

De acuerdo con la secretaria, la agencia mantiene la custodia de aproximadamente 6,300 niños de los que cerca de tres mil son mayores de seis años.

“Algunos de estos niños van a seguir siendo hijos del Departamento de la Familia hasta su mayoría de edad. Me explico un niño que cumplió los 13 o los 14 años bajo la custodia del Estado, con dolor en mi alma es un niño difícil de adoptar o casi inadoptable”, dijo.

Mientras la funcionaria contestaba preguntas del Comité de Transición, no logró contener el llanto y pidió disculpas cuando relataba el caso de un adolescente que tuvo que ser enviado fuera de Puerto Rico para recibir servicios de salud mental.

"Puse en oración que la persona que nombren para el Departamento de la familia sea una persona con gran sensibilidad", dijo.

“Hay que repensar el sistema de trabajo con adolescentes del Departamento de la Familia”, agregó al proponer la creación de un Centro Terapéutico dentro de la agencia.

Además, en la audiencia se informó que el personal de la agencia se redujo a 649 actualmente, cuando en 2008 había 1,263 empleados y que un total de 414 fueron despedidos por la implantación de la Ley 7.

Otro de los asuntos que trascendió en la audiencia fue la contratación de una cooperativa de abogados para atender en los tribunales los casos de niños de la ADFAN. Cerca de una treintena de licenciados de la división legal fueron cesanteados por la Ley 7. La contratación de la cooperativa significó ahorros de 600 mil dólares al año, según detalló Irizarry.

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