SAN JUAN (CyberNews) - El director ejecutivo del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jorge Dávila, acompañado por la portavoz de la minoría PNP en la Cámara de Representantes, Jenniffer González, y los representantes, José Luis “Nuno” López Jorge Navarro, revelaron documentos internos del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) que demuestran que hace más de dos semanas, funcionarios del Instituto le confirmaron a Lilliana Ramos, directora ejecutiva designada, que La Fortaleza violó la ley y reglamentos cuando ordenó la limpieza de la muralla centenaria. Los documentos también revelan que se dieron instrucciones de restringir la información sobre las violaciones de ley y los daños a la muralla.
“Los documentos internos que se hacen públicos hoy prueban sin lugar a dudas que la Directora designada del ICP fue informada hace más de dos semanas de las violaciones de ley cometidas cuando se intervino sin permiso en la muralla. Los correos electrónicos también demuestran que se dieron instrucciones para que no se divulgara a la prensa los hallazgos de las violaciones de ley y de los daños a la muralla”, expresó Dávila.
“¿Por qué no se pidió permiso antes de pegar la manguera a presión? ¿Por qué la prisa?”, cuestionó además Dávila. Las comunicaciones divulgadas también indican que para la fecha de la intervención apresurada con la muralla y sin permiso la Compañía de Turismo estaba empezando a grabar sus anuncios a través de todo el Viejo San Juan.
“Sabemos, por información que nos ha llegado, que los productores de las agencias de publicidad le dieron órdenes al Instituto de Cultura de limpiar monumentos en el Viejo San Juan para ellos ir a grabar anuncios de Turismo. No creemos que sea pura coincidencia, pues, que se le haya pegado manguera a presión a la muralla sin permiso y a la vez se estuvieran dando directrices de limpiar monumentos para grabar anuncios. ¿Quién manda en el Instituto, los productores y directores de anuncios?”, cuestionó la representante, Jenniffer González.
El pasado 26 de agosto trascendió que, contrario a las prácticas aceptadas y aprobadas de conservación histórica, se utilizó una manguera de 1,200 libras de presión para limpiar la muralla centenaria de San Juan. Harold González, administrador de La Fortaleza, aceptó que fue la mansión ejecutiva la que contrató los servicios y admitió públicamente que La Fortaleza no pidió permiso al ICP ni a la Oficina Estatal de Conservación Histórica (OECH). Para los trabajos La Fortaleza contrató a un “landscaper” y no a un experto certificado para trabajar en monumentos históricos.
Para la portavoz de la minoría del PNP, las declaraciones de González son una admisión inequívoca de una crasa violación de ley. “Los documentos internos de los funcionarios del Instituto establecen claramente que se necesitaba permiso del Instituto para la intervención. La Fortaleza no pidió permiso. Ni siquiera pidió una consulta. No hay duda, la Fortaleza violó la ley y reglamentos” manifestó la expresidenta de la Cámara de Representantes.
Por su parte, José “Nuno” López, añadió que los funcionarios del Instituto no tienen duda que la muralla, monumento de gran valor histórico y arquitectónico, cae bajo su jurisdicción por lo que debió mediar una Solicitud de Recomendación del Instituto de Cultura.
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Según López, “lo más que preocupa es que al día siguiente de que se revelara el crimen contra la muralla, la Directora designada Ramos ni siquiera mencionó en sus expresiones públicas que se había violado la ley. Cuando tuvo que escoger entre defender el patrimonio histórico o defender a los funcionarios de La Fortaleza, defendió a los que la nominaron al puesto”.
Los líderes del PNP enfatizaron que por dos largas semanas, la Directora designada ha guardado silencio sobre las violaciones de ley, a pesar que los documentos internos establecen claramente un menosprecio de los funcionarios de La Fortaleza al patrimonio histórico.
Para el representante del Precinto 5 de San Juan, Georgie Navarro la prueba es irrefutable que la Directora designada sabe que se violó la ley y reglamentos y es parte de un posible encubrimiento. “Nos preocupa está actitud de ocultar información y proteger a La Fortaleza, y más aún que se estén realizando iguales esfuerzos para esconder los estudios de daños a la muralla dentro del propio Instituto de Cultura”, dijo.
Para agravar la situación, la OECH tampoco ha hecho comentarios públicos sobre la muralla. “La señora Dianna López, dirige esa oficina, es la “State Historic Preservation Officer” (SHIPO) en Puerto Rico y como tal, es la funcionaria estatal principal responsable por la preservación y mantenimiento de los monumentos históricos. Nótese que hasta el día de hoy, semanas después, la señora López no se ha expresado por los daños ocurridos a la antigua muralla”, manifestó el representante Navarro.
Por su parte, el Servicio de Parques Nacionales federal confirmó que no fue consultado por La Fortaleza para el lavado a presión de la muralla y, de paso, el superintendente del “San Juan National Historic Site”, Walter Chávez, afirmó que el método que se utilizó es dañino para la histórica estructura y es “totalmente inaceptable”.
“Hay un pacto de silencio entre Fortaleza y las agencias de Puerto Rico llamadas a proteger y preservar el patrimonio histórico. Para colmo, le prohibieron a los funcionarios a hablar sobre las violaciones de ley y los daños”, expresó González.
Por eso, se le exigió a la Directora del ICP a hablarle claro al Pueblo sobre las violaciones de ley cometidas por La Fortaleza y las consecuencias de lo que se hizo, dar a la luz pública los resultados de la inspección de la muralla, identificar a los responsables y tomar las medidas que procedan. Asimismo, emplazaron a Dianna López a que también informe sobre las violaciones de ley.
“¿Qué tiene que decir el gobernador de Puerto Rico sobre todo este asunto? ¿Qué espera para despedir fulminantemente al Administrador de La Fortaleza? ¿Cómo es posible que una persona que ya demostró total menosprecio e ignorancia sobre nuestro patrimonio histórico administre la Mansión Ejecutiva, un patrimonio histórico en propio derecho?”, concluyó Dávila.
