SAN JUAN (CyberNews) - El secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances dijo el miércoles que la determinación del Tribunal Supremo de Estados Unidos que declaró inconstitucional la ley de Defensa del Matrimonio (DOMA, por sus siglas en inglés), es “salomónica” y que no tiene el alcance proyectado.
“No es tan abarcadora como se ha generado la impresión. El Tribunal, en lo que a los estados respecta y eso incluye al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, le confiere o le reconoce la autoridad para ellos decidir constitucionalmente si es o no es válido un matrimonio del mismo sexo. En lo que a la esfera respecta, es decir, cosas como el IRS, contribuciones federales o cualquier otra legislación que aplique a matrimonios, el Tribunal Supremo decide, en lo que a esa esfera respecta, que sería inconstitucional el discrimen bajo la igual protección de las leyes. La decisión a mi juicio es medio salomónica”, dijo Sánchez Betances en una conferencia de prensa.
Indicó que le satisface la dimensión federal de la determinación y que era de esperarse el impacto a nivel estatal al reconocerle a los estados la facultad para determinar lo que es un matrimonio válido.
Por su parte, el gobernador Alejandro García Padilla, quien se ha expresado a favor del matrimonio entre hombre y mujer, dijo que la determinación del Supremo federal fortalece los derechos civiles.
“Hoy la Corte Suprema de los Estados Unidos reafirmó que el Congreso no puede legislar para discriminar contra derechos reconocidos a los ciudadanos mediante legislación estatal. Este es uno de esos momentos en la historia en los que la democracia permite la ampliación y el florecimiento de los derechos y las libertades de las personas”, expresó el mandatario en una escueta comunicación escrita.
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos determinó el miércoles en una decisión cinco a cuatro que es inconstitucional la ley DOMA de 1996 que negaba beneficios federales a matrimonios del mismo sexo.
“Aunque el Congreso tiene gran autoridad para diseñar leyes para adaptarse a su propia concepción de la política nacional, no se puede negar la libertad protegida por la cláusula del debido proceso de la Quinta Enmienda. Lo que se ha explicado a este punto debe ser más que suficiente para demostrar que el principal propósito y el efecto necesario de esta ley es degradar a las personas que componen un matrimonio legal entre personas del mismo sexo. Para ello es necesario que la Corte sostenga que DOMA es inconstitucional como la privación de la libertad de la persona protegida por la Quinta Enmienda de la Constitución”, expresa la extensa determinación judicial.
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“El efecto principal de DOMA es identificar y hacer desiguales al subconjunto de matrimonios sancionados por el estado”, expresó el juez Anthonny Kennedy, quien emitió la opinión mayoritaria.
Favorecieron la decisión los jueces Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Ruth Ginsburg y Stephen Breyer.
Los jueces Antonin Scalia, John Roberts, Clarence Thomas y Samuel Alito emitieron opiniones disidentes. En su opinión disidente Scalia anticipó que la determinación del Supremo ayudaría a despejar el camino para el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país.
El dictamen devolvió a los tribunales del estado de California la discusión sobre la proposición 8 para anular una decisión judicial que avalaba el matrimonio entre personas homosexuales en ese estado.
La determinación surge en momentos en que se libran batallas a nivel internacional a favor de los derechos de la comunidad lésbica, gay, bisexual, transexual y transgénero (LGBTT) y responde al caso de Estados Unidos contra Edith Schlain Windsor, quien impugnó la ley DOMA, pues el Servicio de Rentas Internas (IRS por sus siglas en inglés) le cobraba más de 300 mil dólares en impuestos por una casa que le dejó a su nombre la mujer con la que se casó en Nueva York y que no tendría que pagar si hubiera estado casada con un hombre.
De acuerdo con informes de prensa, el secretario de Justicia federal, Eric Holder expresó en 2011 que la DOMA era inconstitucional, lo que fue respaldado por la determinación del máximo foro judicial estadounidense.
El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano reaccionó feliz tras la decisión e hizo un llamado a la Legislatura para que “derogue la ley, firmada por el exgobernador Pedro Rosselló quien ahora apoya la igualdad matrimonial, que prohíbe el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo hechos en otras jurisdicciones. También, hacemos un llamado para que finalmente se revise el Código Civil y se reconozca el derecho al matrimonio para las parejas del mismo sexo, así como el cambio en el encasillado de sexo de los certificados de nacimiento de las personas transgénero y transexuales”.
Entretanto, el activista de derechos humanos, Francisco “El Jimagua” Cartagena Méndez, catalogó como una victoria sin precedentes la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos y dijo entiende que es prudente que el gobierno de Puerto Rico de paso a una redefinición del término familia.
De otra parte, Milton Picón, portavoz de la organización cívica religiosa Morality in Media de Puerto Rico, catalogó la decisión como desafortunada.
“Lo que algunos celebran hoy como una victoria para minorías sexuales en la nación, que abre las puertas para legalizar el matrimonio entre parejas del mismo sexo en toda la nación, incluyendo a Puerto Rico, es realmente una decisión que unida a la del 1973 de Roe vs Wade. Lejos de cerrar un capítulo en la discusión moral, divide aún más a una nación”, dijo Picón en declaraciones escritas.
“Estos casos, que envuelven el significado y el propósito de la institución matrimonial, dejan a todos los grupos pro familia en una posición de batallar aún más fuerte por reconstruir una cultura en la que el matrimonio y la familia sigan teniendo el mismo valor que le habían asignado miles de años de civilización y que hoy trastocan cinco jueces de nuestro más alto tribunal”, agregó.
