Condenan ejecución de mexicano que mató su familia a martillazos

La CIDH considera que se cometió una "violación grave e irreparable" del derecho a la vida.

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    Condenan ejecución de mexicano que mató su familia a martillazos

    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este viernes la ejecución en Texas del mexicano Roberto Ramos Moreno y acusó a las autoridades de EEUU de haber cometido una "violación grave e irreparable" del derecho a la vida, protegido en la Declaración Americana.

    La CIDH, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), lamentó en un comunicado que EEUU no adoptara las medidas cautelares que le había solicitado para evitar un daño irreversible a la vida de Ramos Moreno, que fue ejecutado en el estado de Texas el miércoles pasado.

    En la nota, la CIDH declaró que "EEUU, al ejecutar a Roberto Moreno Ramos de conformidad con el procedimiento penal que se siguió, ha cometido una violación grave e irreparable del derecho fundamental a la vida consagrado en el artículo 1 de la Declaración Americana".

    La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en 1948, constituye el marco legal para la protección de los derechos humanos en este hemisferio y, en su artículo primero, establece que "todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona".

    Moreno Ramos, ejecutado esta semana mediante una inyección letal, fue condenado a muerte en 1993 por asesinar a martillazos un año antes a su entonces esposa -Leticia, que tenía 42 años- y a sus dos hijos menores, Abigail, de 7, y Jonathan, de 3, para casarse con otra mujer tres días después.

    El acusado era uno de los 51 mexicanos condenados a muerte en EEUU cuyos casos ordenó reconsiderar en 2004 la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en una sentencia conocida como "Fallo Avena".

    A estos presos se les violó su derecho -recogido en la Convención de Viena sobre relaciones consulares- a solicitar asistencia legal a su país tras su detención, según el fallo.

    Con base en ese procedimiento, la CIDH, expertos de la ONU en Derechos Humanos y el propio Gobierno de México habían tratado de presionar al estado de Texas para que suspendiera la ejecución, alegando que Moreno Ramos no tuvo "un juicio justo" ni un "debido proceso".