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El Salvador: Ordenan no tramitar Ley de Reconciliación

Aseguran que dejaría en la impunidad los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil.

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    Ed Zurga/Getty Images
    File photo.

    SAN SALVADOR — La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ordenó el martes a la Asamblea Legislativa de El Salvador suspender el trámite para aprobar la polémica Ley de Reconciliación Nacional que, aseguran, dejaría en la impunidad los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil.

    El organismo considera que si se aprueba la Ley de Especial de Justicia Transicional y Restauración para la Reconciliación Nacional, como pretenden los diputados, el daño sería irreparable y afectaría el acceso a la justicia de las víctimas de las masacre de El Mozote y lugares aledaños, además de crear un marco de impunidad.

    La Masacre de El Mozote, perpetrada por militares en 1981, a unos 204 kilómetros al este de la capital salvadoreña, dejó un registro oficial de 978 víctimas, entre ellas 553 niños.

    Un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas divulgado en 1993 responsabilizó de la masacre al coronel Domingo Monterrosa, entonces comandante del batallón Atlacatl, así como al jefe de operaciones, coronel Armando Azmitia y a otros oficiales, que no fueron juzgados bajo el amparo de la Ley de Amnistía General de 1993.

    Monterrosa y Azmitia murieron en la zona de El Mozote el 23 de octubre de 1984, cuando el helicóptero en que viajaban explotó en el aire por una bomba colocada por la guerrilla.

    En julio de 2016, la Corte Suprema declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General de 1993 cinco días después de haberse conocido el informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas que registró más de 22.000 denuncias de hechos de violencia ocurridos durante la guerra civil de 1980 a 1992. Con el pronunciamiento, la Corte estableció que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles según el derecho internacional, por lo que no debe impedirse su investigación y reparación a las víctimas.

    La Corte también ordenó a la Asamblea Legislativa que elaborara antes de julio de 2019 una nueva Ley de Reconciliación Nacional que garantizara la verdad, la justicia y las reparaciones, y ofreciera garantías para que no se repitieran esos delitos.

    Defensores de los Derechos Humanos y la Iglesia Católica salvadoreña han expresado su rechazo al proyecto de Ley porque aseguran que se trata de una nueva ley de amnistía con la que se pretende favorecer a los victimarios.

    “Sería una ley espuria como la ley de amnistía del 93, sería una ley totalmente injusta que en vez de proteger y reparar a las víctimas, las revictimizaría y protegería a los victimarios favoreciendo la impunidad y burlando la sentencia de la Sala (de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia) en vez de cumplirla y violando los derechos humanos”, expresó en un comunicado la Conferencia Episcopal de El Salvador.