El Salvador: Piden agilizar investigación de asesinato de monseñor Romero

SAN SALVADOR (AP) — El Ministerio Público salvadoreño pidió el lunes un juzgado de la capital que realice una serie de diligencias con el propósito de esclarecer la participación de un excapitán de la fuerza armada de El Salvador en el magnicidio de monseñor Óscar Arnulfo Romero.

La Unidad de Delitos Relativos al Conflicto Armado de la Fiscalía General explicó que “la idea del escrito es darle impulso a la investigación” que se está llevando a cabo en el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador para esclarecer la participación del excapitán Álvaro Rafael Saravia, a quien se le imputa que participó en el asesinato.

El 23 de octubre de 2018, el juez Rigoberto Chicas giró oficios a la Policía Nacional Civil y a Interpol para que procedan a la búsqueda, ubicación y captura de excapitán Saravia, acusado de participar en la planificación del magnicidio. Las autoridades desconocen el parado de Saravia pero presumen que se encuentra en Estados Unidos. El exmilitar será procesado por el delito de homicidio agravado.

Chicas también ratificó la anulación de la orden de libertad que en 1993 benefició al exmilitar acusado de participar en el asesinato ocurrido en marzo de 1980.

La decisión del juez se basa en la derogación de la llamada “Ley de Amnistía General”, que impedía investigar y juzgar a los responsables de los crímenes cometidos durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992).

Romero fue canonizado por el papa Francisco en el Vaticano en octubre de 2018, 38 años después de su asesinato.

Monseñor Romero, “La Voz de los sin voz”, como lo llamaron por abogar por los más pobres e indefensos durante los años 70, fue asesinado por un francotirador mientras oficiaba misa en la capilla del hospital La Divina Providencia, el 24 de marzo de 1980, un día después de pedir a los militares en una homilía que cesaran la represión.

Un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, creada poco después de los acuerdos de paz, concluyó que el ya fallecido mayor Roberto d’Aubuisson, fundador del partido derechista Arena, que gobernó el país durante 20 años (1989-2004), fue el autor intelectual del crimen y “dio instrucciones precisas a miembros de su entorno de seguridad, actuando como escuadrón de la muerte, de organizar y supervisar la ejecución del asesinato”. Concluyó también que “los capitanes Álvaro Saravia y Eduardo Ávila tuvieron participación activa en la planificación y conducta del asesinato”, así como otros dos civiles.

En su informe, la Comisión asegura que hay plena evidencia de que la Corte Suprema asumió un rol activo que resultó en impedir la extradición desde los Estados Unidos, y el posterior encarcelamiento en El Salvador del excapitán Saravia.

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