El gobernador Ricardo Rosselló Nevares no fue específico en cuanto a la directriz para la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), sobre las bonificaciones al principal oficial ejecutivo, Walter Higgins, tercero, y el contrato de su ayudante, Víctor Peña Vargas.
“Mi petición a la Junta de Gobierno es si hay una ilegalidad, que se tome acción sobre ella”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.
En la mañana, la secretaria del Departamento de Justicia (DJ), Wanda Vázquez no quiso adelantar cuál será el curso de acción en caso de que la corporación pública mantenga las bonificaciones que cobra el director, Walter Higgins.
“He sido muy firme en que ellos conozcan el estado de derecho. Lo que pasa es que no me corresponde esa determinación. Le corresponde a la Junta. En ese sentido yo cumplo con mi función como secretaria (de Justicia) y como abogada del pueblo de Puerto Rico de decirle cuál es la ley”, dijo Vázquez a la prensa.
Dijo que no espera una determinación del ente rector de la AEE, más allá de analizar las advertencias que se le hicieron a la luz de la situación fiscal de la corporación pública.
En caso de que se mantengan esas bonificaciones, que podrían duplicar el sueldo anual de Higgins de $450 mil, la funcionaria dijo que “vamos a ver. Creo que es prematuro. Se puso la cláusula allí por lo que habíamos podido examinar, así que yo creo que en este momento cualquier comentario sería especulativo. Vamos a dar la oportunidad que ellos examinen los documentos”.
Vázquez envió una carta al presidente de la Junta de Gobierno en la que le indica que las bonificaciones de Higgins, así como el contrato de su amigo Víctor Peña Vargas, no se ajustan a la jurisprudencia y le hizo un llamado a la prudencia en la corporación.
Puerto Rico
“La carta tiene un propósito de recordar y de ilustrar cuál es el estado de derecho y obviamente ante la opinión pública y las preocupaciones que habían… había una preocupación con la contratación del señor Higgins luego se añade la contratación del señor Peña, así que en ese momento entendimos que lo que queríamos era ilustrar a la Junta para que tuvieran conocimiento de ese estado de derecho de que todo el dinero que se utiliza en la Autoridad de Energía Eléctrica son fondos públicos aunque sean una corporación pública”, explicó Vázquez.
“Lo que pude observar y de lo que pude tener conocimiento es que el presidente de la Junta ha agradecido la misiva del Departamento de Justicia, que la ha examinado y que obviamente va a tomar conocimiento de los fundamentos que nosotros expusimos en la comunicación, así que esperamos que en la sana discreción de la Junta, la puedan examinar y tomar las determinaciones que ellos entiendan”, agregó.
La secretaria detalló en el documento que la Ley 66 establece que “ningún contrato de empleo ni de servicios profesionales con cualesquiera Agencia, Corporación o Instrumentalidad Pública… podrá acordar, aprobar a algún contratista o funcionario cualquier remuneración o bono por concepto de productividad”. Asimismo, la funcionaria cita una determinación del Tribunal Supremo que señala que “... el desembolso indebido o ilegal de fondos -en sus formas múltiples, a veces burda y otras sofisticadas - son actos incompatibles con el sistema de gobierno democrático consagrado en nuestra Constitución y apuntalado en el respeto a la dignidad humana y el dinero del pueblo como único soberano. No importa las modalidades que adopten ni la jerarquía el funcionario; las mismas son intolerables”.
Entretanto, el miércoles el secretario interino de la Gobernación, Luis Gerardo Rivera Marín admitió que le dio el visto bueno al contrato de Peña Vargas, por un total de 315 mil dólares, basado en la información que en ese momento se le hizo llegar, que fue una hoja de trámite, no el contrato. Previamente había ordenado la revisión del mismo.
El contrato, por un monto total de 315 mil dólares, fue firmado el pasado 9 de mayo y estará vigente hasta el 31 de mayo de 2019.
