La Junta de Directores de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico aprobó por unanimidad un reclamo a la gobernadora Wanda Vázquez Garced que vete el Proyecto del Senado 1314 (reforma electoral) por múltiples razones. La primera de ellas la falta de consenso, lo que según exponen “sin duda habrá de generar litigación y una sombra innecesaria sobre los procesos democráticos puertorriqueños.”
La entidad, compuesta por la mayoría de los alcaldes de Puerto Rico (45 de 78 municipios) expone que la medida 1314 constituye el primer esfuerzo en nuestra historia reciente, desde 1977, cuando se constituyó por primera vez la Comisión Estatal de Elecciones, en la que la delegación legislativa del partido de gobierno ha promulgado cambios dramáticos a las reglas del juego electoral a meses de una elección general.
“Entre los múltiples aspectos objetables de la legislación, se destaca la eliminación del sistema de balance electoral que constituye el eje central de la Comisión Estatal, organismo en el cual todos los partidos políticos inscritos están representados y poseen cierta medida de poder decisional, lo que genera una dinámica de fiscalización recíproca. El P. Del S. 1314, de aprobarse, sustituirá el actual sistema para delegar la selección del presidente de la CEE en una mayoría de los jueces del Tribunal Supremo, donde 6 de los 9 miembros de dicho tribunal fueron nombrados por el exgobernador Luis Fortuño. Incluso, se pretende privar a los comisionados electorales de su facultad para cuestionar decisiones de la presidencia en asuntos administrativos de la CEE. Igualmente, la medida en manos de la Gobernadora pretende permitir e incluso invita a que electores que no tienen derecho a votar en Puerto Rico para que influencien el resultado de las elecciones, e incluso que los electores escojan su unidad electoral sin sujeción a nada más que su voluntad”, expresó el presidente de la entidad, José ‘Joe’ Román Abreu.
“No se nos ocurre una mayor perversión del proceso democrático. De otra parte, el P. del S. 1314 pretende introducir en nuestros procesos democráticos una papeleta adicional cuyo único propósito es la expresión puramente simbólica o ceremonial de cual de los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Los votos emitidos en esta papeleta carecen de efecto jurídico de clase alguna que Puerto Rico no envía electores al colegio electoral que selecciona al presidente de los Estados Unidos”, añade Román Abreu.
