Unión de Trabajadores de las Comunicaciones de Puerto Rico

Alegan que fondos del Negociado del Sistema de Emergencias 9-1-1 están desprotegidos

La Unión de Trabajadores de las Comunicaciones de Puerto Rico hizo la denuncia.

La Unión de Trabajadores de las Comunicaciones de Puerto Rico, organización que representa a los trabajadores y trabajadoras del Negociado del Sistema de Emergencias 9-1-1, denunció este miércoles que los fondos de ese negociado se encuentran en peligro y pone en riesgo el tiempo de respuesta de las ambulancias a la hora de ser activadas para atender las emergencias de los ciudadanos.

“Nuestra Unión con el apoyo de los Senadores Henry Neumann y José Vargas Vidot, presentamos lo que hoy es la Ley 32-2020, para poder devolverle al 9-1-1 las herramientas que necesita y asegurarnos que se protejan los fondos, era necesario excluir al negociado de la Ley 26-2017, que es la “Ley de cumplimiento con el Plan Fiscal”. Como se ha explicado, los fondos 9-1-1 no se pueden usar para pagar deuda ni se pueden transferir al fondo general, no hace sentido aplicar medidas de austeridad en el 9-1-1 y lo que ha creado es un aumento en el tiempo de respuesta y la reducción de recursos para atender las emergencias del país”, sostuvo Aramis Cruz, presidente del Sindicato en comunicación escrita.

Marjorie Ramírez con el reportaje.

Explicó que el 24 de marzo del 2020 la Gobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez firmó la Ley 32-2020 y semanas después emitiera una certificación de no cumplimiento con el plan fiscal poniendo la ley en suspenso. El sindicato informó que la Ley 32-2020, que fue presentada por ese gremio buscando proteger los fondos 9-1-1 para que sean utilizados única y exclusivamente para la atención de llamadas de emergencia tal como establece los estatutos federales. El Negociado se nutre de fondos propios que provienen de la aportación de cada ciudadano a través de su factura de teléfono celular, teléfonos residenciales y comerciales, no dependiendo del fondo general del gobierno.

Según la Unión, este proyecto se estuvo trabajando por dos años y en ningún momento la Gobernadora ni la Junta de Control Fiscal indicaron que los mismos eran incompatibles con PROMESA o el Plan Fiscal. De hecho, cartas en poder de la Unión por parte de la Directora Ejecutiva de la Junta Natalie Jaresko claramente establecen que el uso de Fondos 9-1-1 se utilizaran para los propósitos establecidos en la Ley y el mejoramiento del Sistema.

Cruz informó que “el problema recae que, de momento, la Gobernadora Wanda Vázquez junto a la Comisionada Yazmín González, el secretario del Departamento de Seguridad Publica Pedro Janer y el Director de AFAF Omar Marrero, le someten una carta a la Junta informando que no pueden cumplir con la Ley 32-2020 pues es incompatible con el Plan Fiscal, pese a que el Gobierno les ha dado paso a otras medidas cuyo impacto en el fondo general es palpable. Todo, debido a que la Ley 32-2020 le hace imposible desviar fondos como se ha hecho en el pasado”.

La Unión le recordó al Gobierno que para los años 2014-2017 el 9-1-1 desvió mas de 24 millones de dólares para asuntos no relacionados a la atención de llamadas de emergencias. Esto causó un desbalance en sus finanzas y los municipios integrados ni agencias de respuesta recibieron las partidas presupuestarias que estaban destinadas para esos fines. Esto creó que el tiempo de respuesta aumentara a casi 35 minutos poniendo en peligro la vida de los ciudadanos. También señaló que bajo esta administración se han desviado fondos, como la compara de un vehículo para el pasado Secretario de Seguridad Publica, Héctor Pesquera.

“La comisionada insiste en que fue la Junta de Control Fiscal quien paralizó la Ley y eso no es correcto. La Junta claramente le pidió al Gobierno que justificara por qué la Ley 32-2020 pudiera ser aplicada cuando el impacto es de aumentar el presupuesto (con los fondos propios del 9-1-1) en aproximadamente 450,000 dólares y el Gobierno decidió no justificar la Ley. De hecho, el 9-1-1 hoy día está buscando pagar con fondos del 9-1-1 gastos relacionados directamente con el DSP, lo que esta ley no permitiría. Como el DSP y la Comisionada González no pudieron enmendar la ley lo más fácil fue echarla a un lado. Y eso fue exactamente lo que hicieron estos funcionarios. Pensaron primero en sus agendas políticas y dejaron a un lado la seguridad del pueblo. No podemos permitir volver atrás. Tenemos que defender la Ley 32-2020 y no descansaremos hasta lograrlo”, sentenció Cruz Domínguez.

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