En una unión de posturas, activistas contra la quema de carbón y el depósito de cenizas recibieron el apoyo del Senado, de las agencias gubernamentales y hasta de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, para prohibir el depósito y disposición de las cenizas tóxicas de carbón en Puerto Rico, incluyendo la mezcla de cenizas hidratadas llamadas Agremax, a través del Proyecto del Senado 1221 que actualmente es evaluado por la Cámara de Representantes, trascendió el viernes.
Durante una vista pública celebrada por la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Sur, presidida por la representante Jaqueline Rodríguez Hernández, tanto el Departamento de Salud como el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) avalaron la aprobación del proyecto.
“Avalamos la intención legislativa contenida en el Proyecto del Senado 1221, pues entendemos que el mismo cumple con un fin loable de salvaguardar y proteger la salud pública”, comentó en su ponencia el Secretario de Salud, el doctor Rafael Rodríguez Mercado en comunicación escrita.
Por su parte, y a preguntas del representante Denis Márquez Lebrón, las delegadas del DRNA afirmaron que la Cámara de Representantes puede aprobar la medida para prohibir el uso de las cenizas, porque la reglamentación federal permite a los estados y sus territorios ser más estrictos, y ya hay estados que han adoptado regulaciones que exceden los requerimientos mínimos de la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA, por sus siglas en inglés).
“Por lo tanto, ¿no hay ningún impedimento legal, constitucional, de campo ocupado, de exclusión al territorio, para llevar a cabo esta legislación?”, preguntó Márquez Lebrón.
“En cuanto a esta materia que tiene este proyecto de ley, no hay campo ocupado”, aseguró la licenciada Elizabeth Pitino Acevedo, asesora legal del DRNA. Esto representa un cambio drástico de las posturas asumidas anteriormente por la secretaria de la agencia, Tania Vázquez Rivera.
En cuanto a la conflictiva ponencia de la empresa AES Puerto Rico, leída por su presidente Jesús Bolinaga, la misma estuvo plagada de incongruencias y contradicciones.
Puerto Rico
Según Bolinaga, Puerto Rico ya tiene una de las reglamentaciones más estrictas sobre residuos de la combustión de carbón (RCC) en los Estados Unidos. Sin embargo, no explicó cómo AES mantiene en su planta de Guayama la montaña o pila de cenizas de carbón más grande entre todos los estados y sus territorios.
En la vista AES informó que actualmente mantienen amontonadas 484,000 toneladas de cenizas en la parte trasera de sus instalaciones. La más grande del territorio estadounidense se encuentra en Alaska y contiene solo 11,000 toneladas.
Otra contradicción de Bolinaga surgió cuando en su ponencia este dijo que AES al presente ha “suspendido voluntariamente” el envío a los vertederos de su mezcla de cenizas hidratadas, llamadas Agremax. Sin embargo, el licenciado Jerry Lucas Marrero, asesor legal de la empresa, aceptó que no han podido enviar sus cenizas porque no los han dejado y para evitar problemas.
Estas expresiones se hicieron ante la mirada de decenas de activistas provenientes de Peñuelas, Guayama y otros pueblos, alguno de los cuales vestían camisetas con mensajes en contra del depósito de cenizas.
Por último, José Manolo Díaz Pérez, a nombre del Campamento Contra las Cenizas en Peñuelas, hizo un llamado a los representantes a aprobar sin dilación el PS 1221.
“La aprobación del Proyecto 1221, aunque no resuelve del todo el problema ambiental y de salud causado por las cenizas de carbón en Puerto Rico, reúne el consenso que hubo inicialmente con el pasado Proyecto 81 del Senado, antes de las malintencionadas enmiendas a las que fue sometido a última hora para complacer a los cabilderos de la AES”, aseveró.
Según el líder ambiental, otros asuntos que quedan pendiente de legislación serían: el monitoreo de las aguas superficiales y subterráneas en los lugares en donde se depositaron cenizas tóxicas de carbón en la isla, la descontaminación y remoción de las cenizas en dichos lugares, obligar a la AES a asumir estos costos, la indemnización a las personas cuya salud se ha visto afectada por el depósito indiscriminado de cenizas tóxicas y por las constantes emanaciones de polvo fugitivo en su planta de Guayama, el cierre inmediato de la carbonera y la no otorgación de futuros contratos a la AES en Puerto Rico.
En la vista también se mencionó la reciente reunión entre la gobernadora Wanda Vázquez Garced y portavoces de Peñuelas, donde la mandataria se comprometió a convertir en ley el PS 1221 tan pronto llegue a su escritorio.
Este hecho fue reconocido por la Rep. Jaqueline Rodríguez cuando aseguró que la medida evaluada en su Comisión responde a la política pública de la gobernadora.
“Queda de ustedes Representantes el escuchar la voz de un pueblo que pide se le haga verdadera justicia. Tenemos la encomienda como hijos de este país de que nuestros hijos y nietos hereden de nosotros un Puerto Rico libre de contaminación y de la monstruosidad de seguir envenenándonos con las cenizas tóxicas de la AES. Hay que aprobar el Proyecto del Senado 1221. Si no es así, entonces nos veremos en la calle. ¡Cueste lo que cueste!”, finalizó José Díaz Pérez.
