Autoridades estatales ejecutan 97 órdenes de arresto

Operativo “Sin Fronteras II” | Y se imponen sobre $43 millones en fianzas.

La División de Crimen Organizado y Strike Force, área de Caguas y Ponce, sometieron este jueves unas 272 denuncias por violaciones por Ley de Armas y Ley de Sustancias Contraladas, como resultado del "Operativo Sin Fronteras II"; confirmó la secretaria del Departamento de Justicia (DJ), Dennise Longo Quiñones.

Junto a Longo, quien habló en conferencia de prensa, estuvieron la jefa de Fiscales, Arlene Gardón Rivera; el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Elmer Román; y el comisionado de la Policía, Henry Escalera.

El operativo de hoy es un gran ejemplo de lo que podemos lograr cuando se unen voluntades, recursos e inteligencia para atacar un problema. En esta investigación se intervino con una red de personas envueltas en un mercado negro que amenaza la seguridad de nuestros ciudadanos", sostuvo Román.

"Las ventas ilegales de armas y municiones tienen un impacto directo en los actos violentos que estamos presenciando en Puerto Rico. Nuestro mensaje es uno: no vamos a permitir que interrumpan la paz de los buenos ciudadanos que residen en nuestra isla con estas transacciones ilícitas”, agregó.

El operativo resultó de una investigación realizada por la División de Drogas Metropolitana de Policía junto a la División del Crimen Organizado y las Drogas de Justicia.

En "Sin Fronteras II" se intervino con una red de personas que vendían armas y municiones ilegales. También, con personas que distribuían ilegalmente sustancias controladas.

La investigación, que tomó más de un año, requirió la realización de sobre 109 transacciones encubiertas, entre armas (65) y drogas (44) en las diferentes jurisdicciones. Esto resultó en la radicación de cargos contra
97 imputados y la imposición de $43,670,000 en fianzas.

Las transacciones encubiertas se llevaron a cabo en las jurisdicciones de: Bayamón, Caguas, Carolina, Ponce y San Juan.

Escalera indicó, por su parte, que "los esfuerzos están dirigidos a combatir la criminalidad... No escatimamos en la asignación de recursos para atender este desafío en nuestras comunidades".

De allí presuntamente salieron los sicarios de la masacre del complejo Ramos Antonini.

Los recursos dedicados por la Policía para las compras encubiertas de armas y sustancias controladas excedieron los $171,000 en fondos públicos.

Se compraron 86 armas de fuego en transacciones encubiertas, incluyendo 36 pistolas y 50 rifles. Además de heroína, marihuana, cocaína, y crack en cantidades para distribución.

“La venta de armas ilegales no es un negocio aceptable y aquellos que violen la ley, tendrán que enfrentar las consecuencias”, concluyó la secretaria de Justicia.

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