Con el objetivo de prevenir prácticas que puedan desencadenar en mala administración pública y actos de corrupción gubernamental, la Administración de Servicios Generales (ASG) creó un centro de educación, denominado "La Academia", donde buscan fortalecer y profesionalizar a empleados públicos a cargo de los procesos de compras, bienes y servicios del Estado.
La administradora de la ASG y principal oficial de compras del Gobierno de Puerto Rico, Karla Mercado Rivera, anunció este martes la apertura del nuevo centro de adiestramiento y educación continua junto a los jefes del Departamento de Justicia, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), la Oficina del Contralor, la Oficina de la Inspectora General (OIG) y la oficina de Ética Gubernamental, entre otras dependencias públicas.
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El Juez del Tribunal Supremo Edgardo Rivera García participó como orador.
“En la ASG estamos asegurándonos de que nuestros empleados tengan el conocimiento y las herramientas para ejercer sus funciones, con el más alto estándar, en el cumplimiento de las leyes y reglamentos, y garantizando la transparencia gubernamental en todos los procesos”, señaló Mercado Rivera en un comunicado de prensa.
Mercado Rivera explicó que La Academia contará con una oferta educativa semestral que permitirá la capacitación del personal de la ASG y los enlaces de las agencias gubernamentales de manera presencial y virtual. Los funcionarios públicos tendrán que cumplir con una serie criterios como lo son tomar seis créditos (horas) anuales de cursos dirigidos a procesos de compras, utilización de tecnología y el manejo adecuado de fondos públicos en la adquisición de bienes y servicios, en cumplimiento con la Ley 73.
El centro educativo, ubicado en la sede de la ASG, atenderá también al sector privado con el fin de atraer a este segmento para que forme parte de la reconstrucción de Puerto Rico.
“La Academia tendrá también la finalidad de brindarle adiestramientos a otros empleados del gobierno y agencias fiscalizadoras. En cuanto a personas privadas que interesen hacer negocios con el Gobierno, estaremos orientándoles sobre los procesos de licitación estatal y federal, cómo completar correctamente una solicitud de propuesta (RFP por sus siglas en inglés), orientarlos sobre los errores más comunes que cometen durante el proceso y los requisitos con los cuales tienen que cumplir para la contratación gubernamental”, detalló Mercado Rivera.
Por su parte, el secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico, Domingo Emanuelli Hernández, puntualizó que la transparencia en la ejecución, la uniformidad en los procesos, la supervisión rigurosa y la capacitación del personal son las mejores herramientas para prevenir la corrupción y asegurar la sana administración pública.
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“A través de la ASG, se ha establecido un modelo más eficiente para la compra de bienes, obras y servicios por parte del gobierno, enmarcado dentro de los principios de transparencia, uniformidad y sana competencia. Para asegurar el cumplimiento de estas nuevas disposiciones es sumamente importante proveer la capacitación adecuada a los empleados públicos. De esa forma se logrará la ejecución certera y efectiva, así como la fiscalización en todos los niveles y operaciones gubernamentales”, agregó el secretario de Justicia.
“El camino hacia la transparencia, donde educamos a todas las partes involucradas y alumbramos los rincones oscuros, es el camino que lleva a eliminar la corrupción y el fraude en la contratación”, manifestó el director del FBI en Puerto Rico, Joseph González.
“Un ciudadano no puede reportar lo que no reconoce como delito. Un contratista no puede defenderse de prácticas ilícitas, si realmente no entiende el proceso. Es difícil saber cuándo se ha cruzado la raya, si la raya no está claramente delineada o visible. Por eso, felicito a la ASG por esta iniciativa e invito a otros colegas a seguir este ejemplo. No me cabe la menor duda de que, si todos nos ponemos de acuerdo y continuamos haciendo esfuerzos como este, podemos hacer una gran diferencia”, puntualizó González
Mientras, que el Juez Rivera García afirmó que la confianza institucional es la creencia o certeza ciudadana de que sus componentes gubernamentales actuarán, y se comportarán, de acuerdo con sus expectativas, llevando a cabo acciones fiables, correctas y transparentes.
“Continuamos identificando todos los elementos posibles para fortalecer nuestros mecanismos, sanear la administración pública y evitar la corrupción gubernamental, que tanto ha lacerado la imagen del servicio público. Con esta visión, hemos diseñado un ambicioso programa para nuestro equipo de trabajo, quienes tienen la tarea de ejecutar, de manera eficaz, la transformación de las compras en el Gobierno de Puerto Rico”, concluyó la funcionaria.
