El representante José Enrique “Quiquito” Meléndez anunció el domingo que ha presentado un paquete de medidas legislativas relacionadas a la crisis mundial que se vive a causa del virus COVID-19 (Coronavirus) y que ha afectado al pueblo de Puerto Rico, y el manejo de la emergencia por parte del Gobierno Central y sus municipios.
Dentro de la medidas legislativas presentadas el legislador radicó un proyecto de ley para enmendar el “Código Penal de Puerto Rico”, el “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”, y la “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” con el objetivo de inhabilitar permanentemente de contratar o licitar con el Gobierno de Puerto Rico a cualquier persona o compañía registrada que cometa un delito contra el ejercicio del cargo público y contra los fondos públicos del Gobierno, durante una declaración de estado de emergencia o desastre, debidamente decretado por el Gobernador de Puerto Rico o por el Presidente de los Estados Unidos de América.
Según la exposición de motivos de la medida, “esta Ley se aprueba en consideración a la política pública que impera en Puerto Rico, y que establece que: (1) la corrupción es un mal que afecta todos los niveles de nuestra sociedad; (2) la corrupción en el ejercicio de la función pública es uno de los mayores impedimentos que enfrenta el Gobierno de Puerto Rico para asegurar mejores y más eficientes servicios a la ciudadanía; (3) a los fines de erradicar la corrupción, se deben aunar los esfuerzos de todos los componentes del Gobierno para prevenir, investigar y procesar los actos de corrupción; y (4) debemos fortalecer las protecciones a las personas denunciantes y asegurar que los infractores respondan por sus actos y les caiga todo el peso de la ley a los que defraudan la confianza depositada en ellos por el Pueblo de Puerto Rico.”
Ley proveerá asistencia a Hijos de Fallecidos por COVID-19
Otra de las medidas presentadas por el representante Meléndez busca crear una ley a fines de otorgar beneficios a los hijos de quienes, en el descargo de sus funciones, expusieron sus vidas a favor de la vida, salud y seguridad de sus conciudadanos durante la pandemia del COVID-19.
La Ley presentada dispone que la Universidad de Puerto Rico y todas sus unidades académicas, así como cualquier institución de educación postsecundaria del Estado o sus municipios, brindarán prioridad en la admisión de estudiantes a los hijos de personas fallecidas en el cumplimiento del deber durante la pandemia del COVID-19. Establecerá además un fondo especial para otorgar una beca a estos hijos y así puedan obtener una fuente de ingreso adicional.
La pieza legislativa establece que se enmendará la “Ley de la Lotería Adicional”, a los fines de destinar un punto cinco por ciento (.5%) de los recaudos por concepto de los diferentes juegos aquí establecidos para dirigirlo a ese “Fondo Especial para Becas de Hijos de Personas Fallecidas en el Cumplimiento del Deber durante la Pandemia del Coronavirus 2019 (COVID-19)”.
Puerto Rico
“Tomando en cuenta el valeroso servicio que nos han brindado una significativa cantidad de ciudadanos que, por motivo de sus profesiones, trabajan en el manejo del Coronavirus, nos parece imperativo, como muestra de agradecimiento crear la presente Ley. Estas personas exponen sus vidas todos los días a favor de la vida, salud y seguridad de sus conciudadanos. Algunos, lamentablemente han fallecido, y otros, posiblemente, pudieran fallecer en el cumplimiento de su deber, dejando atrás a sus hijos y familias. Por ello, se hace necesario brindarles a estos buenos ciudadanos, quienes exponen su vida por nosotros y el pueblo, la tranquilidad de que si algún día ellos faltaran sus hijos contarán con un apoyo que les permitirá alcanzar sus anhelos educativos, expresó Meléndez.
Ley establecerá Procedimientos de Contratación previo a una Emergencia
Por último, el legislador indicó que ha impulsado un proyecto de ley por petición ciudadana, que crearía la “Ley Para la Preparación Efectiva y Procedimientos de Contratación Previo a Una Emergencia y Desastre Natural” con la intención de que se desarrolle un proceso anticipado y proactivo a nivel estatal y municipal, en cuanto a la contratación de servicios de emergencia, para desastres naturales o emergencias.
La exposición de motivos de la medida expresa que la misma busca impulsar un método de preparación tal y como lo establece la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA), la cual describe el concepto de “preparación para desastres” como “un ciclo continuo de planificación, organización, capacitación, equipamiento, ejercicio, evaluación y toma de medidas correctivas en un esfuerzo por asegurar una coordinación efectiva durante la respuesta a incidentes. Dentro del Sistema Nacional de Gestión de Incidentes (ICS, por sus siglas en ingles), la preparación se centra en los siguientes elementos: planificación, procedimientos y protocolos, capacitación y ejercicios, calificación y certificación de personal, y certificación de equipos”.
Meléndez indicó que “la ley ayudaría a establecer mecanismos en todas las instrumentalidades del Gobierno, tanto a nivel central y como municipal. Procedimientos especiales con suplidores con contratos ya vigentes que tengan la capacidad de atender casos de emergencias. Esto ayudaría a agilizar la respuesta del gobierno y representaría una buena práctica de preparación antes de una emergencia. Adicional crearía un sistema que vaya acorde con los principios de una buena planificación del concepto de “preparación de desastre” como: eliminar situaciones que afecten la respuesta y coordinación de emergencia de las entidades gubernamentales, reducción de gastos innecesarios de fondos públicos locales o federales, un portal de transparencia proactivo donde el ciudadano tenga conocimiento de que suplidores serán responsables de las tareas durante la emergencia, liberalizar a las entidades gubernamentales y municipales de las alzas de precios en el mercado durante la emergencia, y asegurar la compra de bienes y servicios de suplidores cualificados.”
