Cámara de Representantes

Cámara aprueba plebiscito del 3 de noviembre

Así como el nuevo Código electoral.

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El Proyecto del Senado 1467, que propone establecer la "Ley para la Solución Final del Estatus Político de Puerto Rico", con el fin de instituir las reglas que regirán la celebración de un plebiscito el 3 de noviembre de 2020, fue aprobado el lunes por la Cámara de Representantes.

El presidente del cuerpo legislativo, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, ponderó en su turno sobre la medida que “es un día muy importante para la Cámara de Representantes. Es un compromiso de descolonización. No hay una discusión seria de un asunto trascendental de abandonar la condición colonial de Puerto Rico… El pueblo de Puerto Rico tiene que saber que tendrán la oportunidad nuevamente, si quieren la estadidad o no”.

La medida, que propone una sexta consulta de estatus al unirse a otras cinco celebradas entre los años 1967 y 2017, persigue garantizar a los ciudadanos americanos de Puerto Rico el ejercicio de su derecho a la autodeterminación y a requerir del Gobierno Federal la reparación de agravios, fue debatida por más de cinco horas en el Hemiciclo de este Cuerpo.

El representante José Aponte Hernández, presidente de la Comisión de Relaciones Federales, Internacionales y Estatus, presentó la pieza legislativa sosteniendo que “esto es un problema de muchísimos años y es un asunto de dignidad e igualdad. Desde mi perspectiva, nosotros tenemos el mandato ya expresado en el 2012 y en el 2017… Tenemos un proyecto que el 3 de noviembre, los ciudadanos se puedan expresar sobre su problema colonial. Nosotros tenemos el mandato del pueblo de Puerto Rico y vamos a ratificarlo”.

A su vez, el portavoz de la minoría parlamentaria del partido popular Rafael “Tatito” Hernández Montañez, expresó que “este no es el momento, este no es el proyecto y el propio PNP está consciente que este proyecto es un intento de levantar y sacar de los hogares a los estadistas a votar”. Mientras, el representante independiente Manuel Natal Albelo, acató esa opinión, sosteniendo: "Sí, por votos, una razón por la cual están haciendo esto".

Asimismo, el representante del Partido Independentista Denis Márquez Lebrón, señaló en su turno que "no le puedo votar a favor al proyecto de ley tal y como está redactado, y con las alternativas que propone... una cosa es votarle en contra al proyecto y otra cosa es lo que va a hacer el partido".

El vicepresidente, José “Pichi” Torres Zamora, señaló que "si no es por la estadidad no llega el dinero para educación, no llega el dinero para salud, no llega el dinero para carreteras... es más fácil hacerle campaña en contra que hablar con sustancia y por qué queremos igualdad para todos los puertorriqueños".

Por otro lado, se aprobó a viva voz el Segundo Informe de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 1314, que crea el nuevo Código electoral. El proyecto busca ampliar el acceso de los electores a los procesos, las transacciones electorales y establecer los mecanismos tecnológicos pertinentes para modernizar las operaciones de la Comisión Estatal de Elecciones.

De igual forma, se respaldó el informe del Proyecto de la Cámara 2431, presentado por el presidente de la Comisión de Transportación e Infraestructura, José “Memo” González Mercado, que propone extender la amnistía por un término de treinta días adicionales a los incentivos del pago acelerado de multas expedidas y así registradas a las tablillas y licencias de conducir por concepto de infracciones, incluyendo los intereses, recargos y penalidades. 

“Debemos considerar que programa de incentivos estuvo vigente durante la época navideña cuando muchas personas están fuera de la Isla de vacaciones y los temblores que alteraron el quehacer cotidiano”, sostiene en el informe.

Más temprano, el Cuerpo concurrió con la Resolucion de la Cámara 1529, del representante Wilson Román López, con el propósito de investigar la deseabilidad de enmendar la “Ley de Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”,  a los fines de conceder la opción a todos los empleados irregulares con más de dos años de servicio en las corporaciones públicas del Gobierno local que puedan aportar voluntariamente al Fondo de Retiro de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado.

El representante Román sostiene  en la pieza que “al presente existen empleados del Gobierno en las corporaciones públicas que han trabajado más de dos años en el gobierno local, pero la ley citada no se les da la opción de aportar al fondo de ahorros de dicha Asociación porque son empleados irregulares, según ha expresado su Director Ejecutivo”.

Del mismo modo, el Cuerpo dio por recibidos varios informes sometidios por las comisiones. Entre ellos, el Segundo Informe Parcial en torno a la Resolución de la Cámara 142, que investigó la adopción de medidas dirigidas a viabilizar la política pública que propenda a la provisión de vivienda de tipo diverso para que reúna las condiciones de salubridad y convivencia para los ciudadanos.

Según el representante Luis “Junior” Pérez Ortiz, presidente de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, el propósito es conocer las gestiones que se están realizando para la otorgación de vales de vivienda o cualquier otro beneficio para la adquisición de una residencia a los damnificados del área sur de la Isla, que han visto afectados sus hogares por los recientes sismos. 

Cabe mencionar que luego de identificar las necesidades específicas de la población desplazada, se procederá a catalogar en dos grupos: grupo A,familias cuyas residencias han sufrido daños desde menores a mayores; grupo B, familias cuyas residencias no han sufrido daños, pero que requieren apoyo emocional o psicológico, cuido de niños, u otro tipo de apoyo.

Agregó que “al presente, 3,607 familias han recibido asistencia de FEMA, ascendente a $8,278,941, desglosada como sigue: 1,234 familias han recibido asistencia para reparación de viviendas - ascendente a $4,059,507; 2,751 familias han recibido asistencia para pago de renta - ascendente a $2,451,056; 32 familias han recibido asistencia para reemplazo de vivienda - ascendente a $l,126,735; y 1,276 familias han recibido asistencia para otras necesidades - ascendente a $641,643.  

También, se ratificó la Resolución de la Cámara 1725, que ordena a la Comisión de Salud investigar la disponibilidad de estructuras en uso, o que puedan estar siendo subutilizadas, dentro de las estructuras y edificaciones que se encuentran en el perímetro del Hospital Centro Médico de Puerto Rico. Esto, a los fines de establecer un nuevo Centro de Trauma en Puerto Rico, maximizando los recursos humanos y económicos para lograr convertirse en una instalación de manejo de trauma Nivel I, manteniendo la autonomía de cada una de las facilidades hospitalarias involucradas.

Seguido, para crear un plan piloto en la Escuela Superior Dr. Carlos González del Municipio de Aguada, donde se impartan adiestramientos y certificación a los miembros de la organización “Corónate Princesa” en temas de violencia doméstica y de género para que puedan impactar, se dio paso a la Resolución Conjunta de la Cámara 593, que ordena a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, en conjunto con el Departamento de Educación establecerlo.

Igualmente, fue recibido el Informe Final presentado por el representante y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación,Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía, Víctor Parés-Otero,  sobre la Resolución de la Cámara 1496, que evaluó la aplicación de las disposiciones contenidas en la “Ley para Fomentar la Exportación de Servicios”, con el propósito de constatar si cumple con sus objetivos de motivar a los proveedores de servicios locales, a buscar la expansión de sus negocios mediante el ofrecimiento de sus servicios a clientes que estén localizados fuera de Puerto Rico.

El escrito expone que teniendo presente que el Retorno Sobre a la Inversión (ROI) y el impacto de dicha la Ley en Puerto Rico ha sido positivo, resulta imprescindible que estos incentivos permanezcan en la oferta que Puerto Rico tiene hacia el mundo, “pues se trata de actividad económica que difícilmente ocurriría a no ser por los incentivos ofrecidos”.

A esos efectos recomendó que “resulta importante contar con estadísticas que recojan la cantidad de casos denegados y las razones para tales denegaciones. Asímismo, se debe llevar un registro de las multas expedidas por incumplimientos con las disposiciones de esta Ley y donde van destinados estos recaudos”.

Al mismo tiempo, se allegó el Informe Final en torno a la Resolucion de la Cámara 1497,  tambíen sometido por el representante Parés-Otero, que estudió si la “Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”, cumple con sus objetivos de promover que individuos que no hayan sido residentes de Puerto Rico por al menos los últimos quince años antes de la aprobación de la presente Ley, y que mantienen inversiones en o fuera de Estados Unidos y residan en Puerto Rico.  

Este documento sustenta que es estimado que los negocios de los individuos acogidos a los beneficios de la mencionada Ley, generaron alrededor de 4,400 empleos. “Asimismo, estos individuos han planificado hacer una inversión de capital de sobre $679 millones en Puerto Rico. De los individuos acogidos a los beneficios de dicha Ley 68 por ciento ha comprado una propiedad en Puerto Rico, mientras que el 32 por ciento restante ha rentado una propiedad”, señala Parés Otero.

También, subrayó que de los 2,202 individuos cuyos decretos se examinaron, 1,233 dijeron provenir de Estados Unidos, lo cual representa un 84por ciento, siendo la mayoría de Florida y California.

“Se espera que para el 2029, existan un total de 6,392 decretos bajo esta Ley. No obstante, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) debe reforzar la fiscalización del cumplimiento de los solicitantes con los requisitos para obtener este incentivo. Dichas intervenciones deben realizarse habitualmente, de manera que se pueda constatar su cumplimento”, concluye Parés Otero en el informe.

Finalmente, fue reconsiderada y aprobada la resolución Conjunta del Senado que ordena al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) crear un programa de incentivos para el pago de deudas que permita el relevo de pago de intereses, recargos y penalidades acumuladas sobre las deudas por concepto de contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble así como planes de pago. 

La Cámara de Representantes recesó sus trabajos hasta el jueves, 12 de marzo, a las 11 de la mañana.

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