El representante Ángel ‘Tito’ Fourquet Cordero, presidente de la Comisión de Fiscalización de Fondos Públicos de la Cámara de Representantes, celebrará mañana martes una vista pública a las 9:30 a.m. en el Salón de Audiencias 1, para tratar la Resolución de la Cámara 346 de la autoría del presidente cameral Rafael ‘Tatito’ Hernández, Joselyne Rodríguez Negrón BN y el propio Fourquet Cordero, para examinar el funcionamiento de las franquicias comerciales y empresas municipales con fines de lucro, durante el término de 10 años, donde se hayan transferido, grabado o utilizado como garantía los activos municipales y para otros fines relacionados.
“El Código Municipal vigente permite una transferencia ordenada de poderes y facultades para viabilizar que cada municipio tenga los recursos necesarios para responder a las necesidades de sus constituyentes. Sin embargo, el Artículo 1.003 de ese Código reconoce que históricamente ha existido un desfase entre el mandato dispuesto en la Ley y la realidad que experimentan los gobiernos municipales. La medida lo que busca es verificar si se ha estado cumpliendo con los estudios de viabilidad y mercadeo que anticipen el grado de éxito de cada franquicia, y si la operación está liderada por una Junta de Directores nombrada por el alcalde”, detalló el también representante por Ponce.
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La medida señala además que dichas entidades tienen personalidad jurídica propia e independiente, por lo que el Municipio no respondería por las reclamaciones realizadas en su contra. De igual manera, los gobiernos municipales no pueden crear corporaciones con o sin fines de lucro que compitan con otras empresas existentes dentro de sus límites territoriales, para evitar una competencia desleal, porque estas empresas estarán exentas del pago de arbitrios, patentes, aranceles y contribuciones, cuando el municipio sea su propietario u operador.
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Se supone que por ley, cada empresa municipal debe establecer una reserva del 25% sobre las ganancias para expandir la franquicia, generar más empleos y garantizar su operación, mientras que el restante tendrá que ser depositado en las arcas municipales.
“No existe certeza sobre la cantidad específica de Municipios que se han acogido a la creación, el establecimiento y la operación de estas empresas municipales. Sin embargo, durante las pasadas semanas se ha cuestionado si el interés público se encuentra debidamente protegido con el diseño actual que permite la operación de estas entidades. Específicamente, la discusión pública se ha centrado sobre la operación de ‘Mayagüez Economic Development, Inc’, una corporación municipal con personalidad jurídica independiente del Municipio de Mayagüez, responsable de generar actividad económica en la Región Oeste”, añadió Fourquet Cordero.
De igual forma, el Municipio de Aguadilla generó notoriedad cuando delegó en la corporación municipal ‘Aguadilla City Enterprises’, la operación de Las Cascadas Water Park y Aguadilla Ice Skating Arena, dos empresas que fracasaron bajo su administración y que permanecen cerradas, con una deuda millonaria, desde antes de los huracanes Irma y María. Sin embargo, el proyecto más emblemático sobre mala administración financiado a través de la estructura de una empresa municipal corresponde al Hotel Las Cascadas, que costó $20 millones de dólares y permanece cerrado por vicios en su construcción. Estos eventos coinciden con la disolución de esta corporación municipal durante el pasado cuatrienio, mientras permanece una profunda deuda millonaria y serios cuestionamientos sobre la administración de estas facilidades que eran parte del motor económico de este ayuntamiento.
Otro caso similar es el reciente desembolso de $33 millones por parte del Municipio de Bayamón para saldar una deuda que no tenía presupuestada, según consta en una reseña de prensa publicada en la prensa local con fecha de 22 de abril de 2019. “Para asegurarnos si está salvaguardando el mejor interés público, por eso vamos a examinar de cerca estas operaciones y la de las demás corporaciones municipales que operan al presente. Solo así podrá este Cuerpo Legislativo determinar si el esquema legal dispuesto en el Código Municipal es suficiente para asegurar la operación legítima de estas entidades o si, por el contrario, permanecen vacíos jurídicos que ameritan legislación adicional que las sujete a una mayor fiscalización en beneficio de la población puertorriqueña”, finalizó Fourquet. Para la vista están citados los alcaldes o sus representantes autorizados de los Municipios de Mayagüez, Aguadilla y Bayamón.
