El gobernador Ricardo Rosselló Nevares informó este lunes que la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) dio por terminado el contrato con la compañía GILA, empresa que opera el sistema electrónico de peajes, conocido como AutoExpreso.
Además, Rosselló Nevares notificó sobre la cancelación de las multas notificadas a los usuarios o registradas en el récord del usuario y no pagadas hasta el 17 de septiembre de este año.
Sin embargo, quienes ya pagaron las multas no podrán exigir un reembolso.
Asimismo, el primer mandatario —quien ordenó detener inmediatamente el envío de multas de AutoExpreso y rediseñar el sistema para que sea uno más justo y eficiente— firmó el Proyecto de Ley 1724, medida que baja las multas de $50 a $15, a la vez que atiende las objeciones que podía tener la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
Según dispone el contrato, tras una cancelación, GILA tendrá que seguir operando el sistema por 90 días mientras se escoge un nuevo operador para operar el sistema con las nuevas especificaciones.
Ante el anuncio del Gobernador, GILA indicó en comunicado de prensa que hará valer su derecho a hacer cumplir al Gobierno de Puerto Rico al pie de la letra con los acuerdos contractuales que rigen esos procesos.
“La empresa considera que es desacertado que se tomen este tipo de determinaciones arbitrarias, basadas en anécdotas, argumentos falsos y decisiones motivadas por intereses particulares y agendas políticas. GILA LLC responderá, y estamos evaluando el cumplimiento cabal de los acuerdos establecidos en el contrato para defender la reputación de esta empresa”, manifestó el vicepresidente de operaciones, Luis Alberto Sánchez en declaraciones escritas.
“Acciones como estas de utilizar a GILA para aplacar el malestar de los consumidores adversamente afectados por las determinaciones y las reglas impuestas por el Gobierno para AutoExpreso, son el tipo de decisiones que no crean ambientes favorables para la inversión y crecimiento en Puerto Rico. La falta de procesos justos representa riesgos a las empresas a la hora de cotizar servicios al gobierno, lo que se traduce en mayores costos por los servicios”, manifestó Sánchez.
“Acabamos de recibir la notificación formal y estaremos evaluando dentro del marco técnico lo que establece el contrato para los debidos procedimientos en la transición”, agregó.
GILA emplea a sobre 400 personas en Puerto Rico. Opera los peajes de la Autoridad de Carreteras (PR 52, PR 20, PR 53 y PR 66), opera el peaje del Puente Teodoro Moscoso, procesa además las transacciones de Metropistas que son operadas por ellos (PR 22 y PR 5), y procesa las transacciones del peaje del Municipio de Guaynabo, operada por ellos. Metropistas y el Municipio de Guaynabo proveen la evidencia de la lectura del sello de AutoExpreso y la foto de la tablilla para la transacción de peaje o la multa en sus carreteras. Gila también administra desde sus instalaciones en Puerto Rico las operaciones de peajes para varios estados en los Estados Unidos.
