Por primera vez en más de una década, el Departamento de Justicia presentó cargos este viernes contra Alexis A. Altreche González, por la posesión de una granada de mano en violación a la Ley de Explosivos de Puerto Rico.
El cargo presentado contra Altreche González, bajo el artículo 27 del estatuto, dispone que toda persona que tenga en su poder algún explosivo incurre en un delito grave de tercer grado.
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SUSCRÍBETE El Negociado de la Policía ocupó el proyectil explosivo, de posible fabricación en la disuelta República de Yugoslavia, durante un registro realizado al vehículo del imputado en Isabela.
El juez Juan Guzmán, del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla, determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $25, 000. El hombre deberá permanecer bajo restricción domiciliaria.
Altreche fue detenido durante un allanamiento diligenciado en la avenida Noel Estrada, de Isabela, por el agente Giovanni Morales Crespo luego de una investigación realizada por el agente David López Sánchez, ambos adscritos a la División de Drogas de la Policía. Mientras, la granada fue ocupada por el sargento Stuart Ares Bouet.
El allanamiento a principios de mayo resultó en la ocupación de cuatro armas de fuego, a saber: un revolver Smith & Weson, un Magnum 357; una pistola Glock Modelo 17 calibre .40 y una pistola Beretta modelo Pietro 84–B, calibre 9 mm. Asimismo, se le ocuparon 15 bolsitas de cocaína, un pote con picaduras de marihuana, un balanza digital y bolsitas para endecar.
La vista preliminar fue señalada para el 25 de mayo.
"Puerto Rico tiene leyes estrictas para penalizar a quienes usan armas ilegales de alto poder como las granadas de mano. Este tipo de caso no es usual, sobre todo porque ocurrió en el marco del trasiego de narcóticos. En muchos casos resulta ser una falsa alarma. Sin embargo, no se puede subestimar este tipo de incidente que pone en gran riesgo a los ciudadanos. Nos satisface la labor realizada por la Fiscalía de Aguadilla, pues lo atendieron con la diligencia que amerita", indicó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández en declaraciones escritas.
"Desde el 2020, la Policía de Puerto Rico ha ocupado trece artefactos tipo granada militar en la Isla, algunas sin actividad explosiva y otras ocupadas en instalaciones federales. Por ello, esta es la primera vez, en más de una década, que se radica en el foro local. El radio letal de la granada ocupada abarca de 12 a 18 pies y los daños colaterales pueden llegar hasta 50 pies. La incautación de este proyectil explosivo, al igual que las incautaciones anteriores por nuestros agentes, han evitado que estas armas sean utilizadas por individuos inescrupulosos en la comisión de delitos que atentan contra la seguridad ciudadana", manifestó por su parte el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa.
El director de la Oficina de Explosivos de la Policía, teniente Ismael Cartagena Caratini, indicó que la granada fue detonada de manera controlada en el polígono de tiro de la Policía, en Isla de Cabra.
Previamente, el fiscal José Alberto Quiñones Torres, adscrito a la Fiscalía de Aguadilla, le había radicado tres cargos, por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas y la Ley de Armas, luego de un allanamiento en su residencia, el pasado 4 de mayo. En ese momento, el tribunal le fijó $80,000 de fianza por cada cargo. El Ministerio Público solicitó que se fijara una fianza mayor.
