La jueza superior de San Juan Lauracelis Roques Arroyo comenzaría en la tarde del viernes la evaluación de un interdicto preliminar y permanente, así como una sentencia declaratoria incoados por la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, por la forma en que el Negociado de la Policía culminaba las protestas en el Viejo San Juan.
“Ustedes escucharon cuando les advertían a los manifestantes que se ha declarado esta manifestación como ilegal o inconstitucional, dispérsense. Si no lanzaremos gases. Y luego de las advertencias venían los gases. Y una vez la manifestación se dispersaba, comenzaba la cacería por todo el Viejo San Juan", dijo el abogado del municipio de San Juan, Charlie Hernández.
“El municipio de San Juan y un grupo de ciudadanos que compone empleados municipales afectados, residentes del Viejo San Juan y manifestantes comparecimos hace dos días al Tribunal Superior de San Juan reclamando que el Tribunal reclame esa conducta como ilegal. Y que prohíba permanentemente al gobierno la utilización indiscriminada de gases lacrimógenos y que prohíba al gobierno la persecución indiscriminada de ciudadanos que van en huida", añadió.
La demanda es contra el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Elmer Román, el comisionado de la Policía, Henry Escalera y la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced. La misma se verá a las dos de la tarde en la sala de la jueza Roques Arroyo.
“Los derechos civiles de nuestra gente no son un juguete con el cual el gobierno puede jugar y puede suspender", expresó la alcaldesa.
El efecto de los gases lacrimógenos lanzados para culminar las protestas se mantenía por horas en las calles del Viejo San Juan y afectaba no solamente a los empleados del municipio, sino también a los residentes del lugar.
